lunes, 15 de enero de 2018

Lamento sobre la industria editorial española

Una de las cosas que siempre he echado de menos en el mercado español de literatura de género (fantasía, ciencia ficción y terror) son las revistas especializadas. Hablo de publicaciones periódicas cuyo contenido principal son los relatos y las novelas por entregas, aunque puedan dedicar también algo de espacio a reseñas, críticas y demás material. Sobre este tema hablé hace poco en un hilo de Twitter, pero tengo la sensación de que no logré transmitir bien lo que quería decir. A ver si aquí, en el blog, con más espacio a mi disposición, tengo más fortuna.

En el plano histórico, las revistas especializadas fueron el mecanismo que permitió que muchos escritores se profesionalizaran. En un mundo en el que la edición de libros era un proceso carísimo, dotaban de una infraestructura necesaria para conectar autores y público. Además, remuneraban los relatos, factor sin el cual no se puede pensar en una profesionalización. No resulta arriesgado afirmar que sin el trabajo editorial de Astounding Science-Fiction, la revista que publicó a los autores de la llamada “edad de oro de la ci-fi”, al género le habría resultado muy difícil salir del pulp y muchos de los escritores que ahora admiramos se habrían tenido que dedicar a otra cosa (1).

Podrá pensarse que hoy en día, en la era de Internet, la existencia de revistas no tiene sentido. Publicar ahora es sencillo. Lo más fácil es poner tus relatos en un blog, o subir cada día un capítulo de tu novela. Si quieres currártelo más, te basta con pagar a un ilustrador que te haga una portada, aprender cómo convertir un PDF en ePub y colgar tu libro en Lektu o Amazon. En pocas semanas tu libro estará al alcance de todo el mundo. ¿Para qué necesitamos revistas especializadas?

Por muchas razones. Las revistas no solo eran solo un soporte: eran un soporte profesional. El editor se encargaba de darle a los textos una corrección experta (muy distinta de la que pueden proporcionar tus lectores cero), remuneraba el cuento según se publicaba y mediante unas tarifas fijadas, se ocupaba de los canales de distribución y de la publicidad, etc. En definitiva, descargaban al escritor de mucho trabajo y le permitían mejorar su obra. Además, tenían un público fijo al cual un escritor novel no podría acceder por sí solo.

Que las revistas son importantes para este mercado se prueba por el hecho de que siguen existiendo. Así, Astounding todavía se publica en EE.UU., aunque renombrada como Analog y con periodicidad bimestral. De hecho, se cuenta la anécdota de una visita que hizo George R.R. Martin a España, en la que le preguntaron cómo puede hacer un autor novel para introducirse en el género. Respondió que lo mejor es empezar con relatos cortos y mandarlos a revistas especializadas… y flipó cuando descubrió que en España no existían esta clase de publicaciones.

Quizás el género más afectado por esta ausencia haya sido la ciencia ficción. La fantasía tiende a tirar hacia novelas largas (de hecho, hacia sagas gigantescas), por lo que no tiene sentido pensar en una publicación por entregas. La ciencia ficción, por el contrario, es un género que se presta muy bien al relato o a la novela corta (2). Philip K. Dick decía que el cuento es el formato “natural” de la ciencia ficción; sin llegar a esos extremos, es cierto que hasta épocas muy recientes buena parte de este género estaba en relatos, novelas cortas o, como mucho, novelas de poca extensión (3).

Pero en realidad el género no es tan importante. El problema básico es el mismo en fantasía, ciencia ficción o terror: yo escribo un relato de cualquiera de esos géneros y ¿qué hago con él? Si no lo he escrito para un concurso concreto (o si no gano dicho concurso), no puedo hacer otra cosa que esperar a que aparezca una convocatoria que sea apropiada para enviarlo. Pero claro, tampoco hay tantas: no es que la literatura de género española sea un vergel de concursos. Y cuando los hay muchas veces tienen un tema muy concreto, o exigen cosas de un subgénero determinado, o establecen unas limitaciones de palabras que no cuadran con lo que tienes escrito.

Existen otras opciones de publicación, pero ninguna es profesional ni, me atrevería a decir, demasiado rentable. ¿Lo subo a Lektu a 1 € o en pago social? Así lo publico, sí, pero no voy a ganar mucho y a cambio lo he “quemado” para concursos posteriores. ¿Espero a tener ocho y saco una antología de relatos sin ninguna relación temática entre sí? Un poco arriesgado para un escritor a quien no conoce nadie. ¿Me obligo a escribir un relato mensual y trato de sostener un Patreon con eso? Quizás es la mejor idea, pero también necesitas algo de fama previa para que la gente se apunte.

Puede que haya quien se sienta incómodo al leer que me centro tanto en el dinero, pero es que el dinero es importante. Sí, todos escribimos por amor al arte, eso por descontado. Nadie se dedica a escribir relatos de género con el objetivo de hacerse rico. Pero muchos aspiramos a la profesionalización, es decir, a poder vivir (al menos en parte) de lo que hacemos. Y para eso, por desgracia, hay que pensar en el dinero. Las revistas especializadas son un buen mecanismo para conseguir esa profesionalización… y en España no las tenemos.

¿Qué condiciones tiene que reunir una revista para conseguir estos objetivos? A mi entender, las tres siguientes:
  • Publicar con buena periodicidad. Me refiero a una publicación mensual o, como mucho, bimestral. Algo que pueda hacer que el público se “enganche” con facilidad, que interiorice la compra de la revista dentro de sus hábitos mensuales. Además, así la revista está en necesidad constante de originales. Lo cual nos lleva al punto siguiente.
  • Apertura permanente: que el escritor pueda enviar el relato en el momento en que lo termine, sin necesidad de esperar a una convocatoria. O, en otras palabras, que la revista sea un lugar al cual se puedan mandar relatos de cualquier subgénero, enfoque y temática. También de cualquier número de palabras. Como la periodicidad es alta, se puede jugar con el espacio: a lo mejor en un número se publica un relato de 8.000 palabras y en el siguiente ese espacio se distribuye entre dos de 4.000, o cosas así.
  • Remuneración a sus colaboradores. Esto ya no hay ni que decirlo, pero sí me gustaría hablar un poco sobre cómo debería ser esa remuneración. Tendría que haber tarifas públicas y más o menos fijas. Si no haces eso, si dejas la remuneración a “el futuro acuerdo que se firme con el escritor”, éste no puede hacerse una previsión de futuro.


Justo es reconocer que en España hay revistas que intentan llenar ese hueco. Que yo sepa están Supersónic, Windumanoth, Planetas Prohibidos y Ulthar, por ejemplo. Pero no cumplen con los requisitos que considero imprescindibles: la publicación es trimestral o superior, usan la lógica de concurso (abren una convocatoria para cada número) y/o no hay transparencia en el tema de la remuneración. Así las cosas, no parecen el mejor mecanismo para que los escritores españoles se profesionalicen.

Me apresuro a decir que esto no es una crítica a estas revistas ni a las personas que ponen todo su esfuerzo en que salgan con periodicidad. Yo asumo que el mercado español no es el estadounidense, y sostener aquí una revista del calado de Astounding es dificilísimo. Con este texto (que he titulado “lamento” y no “crítica” de forma consciente) lo único que quería era desahogarme, no repartir culpas: entiendo a la perfección que España es un país difícil para esta clase de iniciativas y no reclamo ni exijo a nadie que las lleve a cabo.

Simplemente… me da pena que no existan.






(1) Esto es verdad no solo por la razón directa que resulta obvia, sino también por otra indirecta: las revistas permitieron que la ciencia ficción pasara a ser un género serio, del cual se publicaban novelas y se hacían análisis críticos. Es decir, la ausencia de revistas en las que publicar no solo habría afectado a los autores de esa época, sino también a los actuales.

(2) Del tercer género, el terror, no voy a hablar, porque no soy aficionado y desconozco cuáles son sus mecanismos de publicación, aunque me da que se parece más a la ciencia ficción (relatos o novelas cortas, bien impactantes) que a la fantasía (libros o sagas interminables).

(3) Entiendo la novela corta como ese formato que oscila entre las 15.000 y las 35.000 palabras. Cuando digo “novela de poca extensión” me refiero a novelas en condiciones (más de 35.000 palabras) pero poco extensas.




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martes, 9 de enero de 2018

El procedimiento monitorio

Si hay algo que aceptan la práctica totalidad de opciones políticas es la necesidad del Estado. Incluso el liberal más liberal entiende que es necesaria una estructura pública que garantice, entre otras cosas, el cumplimiento de los contratos y el pago de las deudas. A eso se dedica, en España, la jurisdicción civil: aunque estos tribunales se encargan también de algunas cuestiones no patrimoniales (como adopciones o tutelas), su principal objetivo es que quien tiene créditos los cobre y quien tiene deudas las pague. Para ello hay arbitrados diferentes mecanismos, incluyendo uno de nombre curioso: el procedimiento monitorio.

En principio, todo procedimiento civil tiene dos grandes fases: el juicio declarativo y la ejecución. En el juicio declarativo se busca, como su propio nombre indica, que se declare la existencia de una deuda: el demandante afirma que el demandado le debe, el demandado sostiene que no y el juez dirá quién tiene razón. Este juicio termina con una sentencia donde se dice a cuánto asciende la deuda y se insta al deudor a que la pague. Solo si no la paga se pasa a la segunda fase, la de ejecución, en la que se buscarán medios para obligar al pago: embargos, desahucios, etc.

El procedimiento monitorio es una forma de agilizar todo este trámite. Al fin y al cabo, en muchos pleitos sobre deudas tampoco es que haya mucha tela que cortar: la deuda se prueba por medio de documentos y los argumentos jurídicos son bastante básicos. El monitorio está pensado para estos casos. Los requisitos que tiene que cumplir una deuda para poder reclamarse por esta vía son los siguientes:
  • Dineraria: por medio del monitorio solo se pueden reclamar deudas de dinero, estén o no en euros. No pueden reclamarse obligaciones de dar cualquier cosa que no sea dinero (“he comprado un piso y no me lo han entregado”) u obligaciones de hacer (“contraté a un operario para que me hiciera una obra y no la ha hecho bien”).
  • Líquida: tiene que pedirse una cifra concreta, que esté determinada antes del juicio. Por esta vía no pueden pedirse, por ejemplo, indemnizaciones por daños, porque para cuantificarlas habría que valorarlas en el juicio.
  • Vencida, es decir, que haya pasado el plazo para pagarse y no se haya abonado.
  • Exigible: la deuda no tiene que depender de una contraprestación o condición que aún no se haya cumplido.

El caso típico es una factura impagada: es una cantidad de dinero concreta, vencida y exigible. Como vemos, es un buen ejemplo de una deuda como la que hablábamos al principio: la cantidad está clara y no hay que hacer un razonamiento jurídico complejo para llegar a la conclusión de que el deudor debe pagarla, por lo que podemos acudir a un procedimiento simplificado.

Vale, estamos en sede de monitorio. ¿Qué hacemos para iniciarlo? Lo habitual para iniciar un pleito civil es presentar una demanda, que es un escrito formal: tiene una estructura tasada, debe haber una argumentación jurídica, etc. En el monitorio no hace falta. El monitorio se inicia mediante petición, no mediante demanda. La petición es un documento muy simple que se limita a recoger el origen y la cuantía de la deuda y unos pocos datos personales de ambas partes, sin que sea necesario incluir argumentos. Existe incluso un modelo normalizado para que el acreedor no tenga que redactar nada. Esta petición se puede presentar sin necesidad de abogado ni de procurador (al contrario que una demanda normal), lo cual sirve también para abaratar el proceso.

Con la petición inicial se deben aportar también los documentos que justifiquen la existencia y la cuantía de la deuda. ¿Y qué documentos son esos? Para empezar, aquellos firmados por el deudor, como puedan ser contratos donde se compromete a entregar cierta cantidad de dinero o reconocimientos de deuda. Pero también se permite iniciar el monitorio con documentos generados por el acreedor, siempre que sean medio habitual para documentar relaciones de crédito: facturas, albaranes, telegramas, etc. Aparte, la ley menciona casos particulares: si se trata de una comunidad de propietarios que quiere demandar a uno de sus miembros, por ejemplo, se admite una certificación de impago emitida por la junta.

Y con eso ya está. En otra clase de pleitos, ahora estaríamos justo empezando: se trasladaría la demanda al demandado, éste contestaría, habría un juicio, etc. En el caso del monitorio no es así. El Juzgado contacta con el deudor y le exige que pague o que alegue las razones por las cuales cree que no está obligado a pagar. Si paga, se ha acabado el problema. Si se opone, el asunto se ventila en un juicio común. Y si no responde, se puede pasar ya a ejecución.

El monitorio es útil sobre todo para enfrentarse a deudores que no van a oponerse, sea porque no tienen capacidad, porque saben que no iría a ninguna parte o porque no quieren meterse en pleitos. En esos casos el proceso se agiliza mucho, porque se va directamente a ejecutar la deuda. Por el contrario, si el deudor quiere oponerse (aunque no lleve razón, le puede convenir hacerlo para retrasar un posible embargo) con el monitorio no se adelanta demasiado.

Así pues, estamos ante un procedimiento pensado para reclamar con rapidez deudas concretas de dinero, especialmente ante deudores que no tengan intenciones dilatorias. Ojo, que con el estado de la justicia española, el monitorio tampoco es que sea un prodigio de celeridad, pero sí lo es más que las modalidades más comunes de pleito. En todo caso, espero que nunca tengáis que aprender la diferencia, ni porque debáis ni porque os deban.




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miércoles, 3 de enero de 2018

El derecho a mentir del acusado

El desconocimiento produce indignación. Cuando no entendemos la razón de algo que nos molesta, ofenderse parece la reacción lógica: “¡qué absurdo que las cosas estén así, cuando cualquiera puede ver que no tiene sentido!” El problema es que en la mayor parte de los casos esta indignación se alimenta de prejuicios. Cuando indagamos y descubrimos cuál es la causa de aquello que nos molestaba, la sensación de ofensa desaparece y, o bien comenzamos a apoyar el estado de cosas que antes nos parecía intolerable, o bien podemos dirigirle una crítica más ponderada y legítima.

Esta introducción viene a cuenta de uno de los derechos menos comprendidos de todos los que recoge nuestro sistema judicial: el derecho a no decir verdad que tiene el encausado de un proceso penal. Cada cierto tiempo hay bromitas u oleadas de indignación al respecto. La gente puede entender el derecho a no confesarse culpable, entendido como la posibilidad de callar. Todo el mundo entiende que es una facultad básica. Pero cuando el derecho se amplía y recoge también la conducta de mentirle al tribunal (es decir, de inventarse una historia que no tiene nada que ver con los hechos), a muchos les parece un exceso. Derecho a callarse, bueno; derecho a mentir, ya es demasiado.

Pero en realidad, el derecho a no decir verdad es plenamente coherente dentro de nuestro sistema. Se trata de una manifestación de dos derechos fundamentales, recogidos en el artículo 24.2 CE: el derecho a no declarar contra uno mismo y el derecho a no confesarse culpable. Uno tiene derecho a no decir nada que le incrimine, y el reverso de ese derecho es la capacidad de decir cualquier cosa que no le incrimine, aunque no sea cierta. Al fin y al cabo, el derecho de defensa es algo activo: si las únicas posibilidades son decir la verdad o callarse, el reo ve seriamente mermadas sus facultades.

Esto puede sonar extraño, porque tendemos a pensar que un encausado que miente es porque es culpable. Al fin y al cabo, ¿qué otra razón tendría para mentir? Y la respuesta es: muchísimas. Puede que no quiera que su vida, sea cual sea, quede reflejada en unos autos judiciales. Puede que tenga un secreto vergonzoso. Puede que la verdad comprometa a otras personas o deje al descubierto una militancia política que no quiere que se sepa. Será por causas posibles. El derecho de defensa es para todos, inocentes y culpables.

Pero venga, supongamos a un reo culpable. Un tipo al que juzgan por un homicidio que sí cometió. Le imponemos la obligación de decir la verdad y la rompe, porque nos dice que en el momento del crimen él estaba en su casa viendo la tele. Habrá que juzgarle por falso testimonio y añadirle unos cuantos meses a su condena. El problema es que, bueno, intentar evitar que te pillen es normal. Es una conducta habitual que siguen todos los delincuentes salvo unos pocos. Y además, es una conducta comprensible. ¿No es más lógico, en vez de establecer una incriminación separada cada vez que el reo miente en un juicio, reconocerle el derecho a no decir verdad y calcular las penas asumiendo que la mayoría de criminales va a mentir?

Por otra parte, no alcanzo a entender qué diferencia hay entre un acto de ocultación sucedido en juicio y otro sucedido fuera de él. A todos nos resulta cristalino que ocultar el cadáver, deshacerse del arma y llevar guantes para no dejar huellas dactilares son conductas que no se castigan por separado. Nadie me va a culpar si, después de matar a una persona, lo amaño todo para que parezca un robo que salió mal. Las precauciones para que no te pillen se entienden consumidas en el propio delito. ¿Por qué mentir en el juicio no iba a tratarse igual? ¿Por qué establecer una distinción donde no la hay?

En este sentido, una vez leí una comparación que me gustó mucho: el Estado de derecho tiene la capacidad de ahorcar a una persona, pero no la de darle la cuerda y obligarle a ella misma a colgarse. Es decir, que los jueces y los fiscales pueden y deben poner todo su esfuerzo en encontrar la verdad y descubrir al culpable, pero lo que no pueden es forzarle a que actúe contra sus propios intereses. La posición del encausado es así radicalmente distinta de la del testigo: el testigo, que se supone que no tiene ningún interés en el resultado del proceso, sí que tiene el deber de decir la verdad, en virtud de su obligación de colaborar con la justicia.

Por su parte, este estado de cosas no quiere decir que no se pueda premiar a aquellos pocos delincuentes que deciden ir contra sus propios intereses y confiesan el delito. Existe una circunstancia atenuante que consiste, precisamente, en confesar el delito antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él. En otras palabras: mentir es un derecho, pero no mentir tiene premio.

Así pues, ya lo sabéis. Si cometéis un delito y os pillan, podéis mentir. Pero hacedme un favor: no digáis aquello de “me acojo a la quinta enmienda”. Es de la Constitución de EE.UU., así que solo conseguiríais que se os rieran en la cara.





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viernes, 29 de diciembre de 2017

Profesiones jurídicas X - Los administradores de fincas

La profesión de administrador de fincas es una de éstas que está en el telón de fondo de nuestras vidas, que conocemos de nombre pero no sabemos muy bien para qué sirve. A poco que vivamos en una casa en propiedad, habremos oído hablar de “el administrador”, normalmente con el mismo tono de cansancio vital con el que uno se refiere a términos como “junta de propietarios”, “derrama” u “obras en la escalera”. Vamos a ver entonces qué es esta figura.

Los administradores de fincas están vinculados a lo que se llama “propiedad horizontal”. La propiedad horizontal se aplica en aquellos inmuebles que estén divididos en pisos o locales susceptibles de ser aprovechados de forma independiente. Estos edificios tienen toda una serie de elementos comunes, como pueden ser cimientos, vigas, fachada, portal, escaleras o rellanos. Pues bien: podemos definir la propiedad horizontal como aquella que recae sobre un piso o local independiente y que incluye un derecho de propiedad sobre los bienes comunes, derecho que es compartido con el resto de personas que posean un piso o local en la misma finca.

La propiedad de varias personas sobre un mismo objeto se denomina copropiedad o condominio, y está regulada en el Código Civil. ¿Qué diferencia hay entre la propiedad horizontal y el resto de formas de copropiedad? Al menos dos, muy importantes:
  • En condiciones normales, cualquier copropietario puede pedir que la cosa común se divida y, si eso no es posible, que se venda y se reparta el producto entre todos los comuneros. En el caso de la propiedad horizontal esto no es posible. Exigir la división de los elementos comunes del edificio es un absurdo lógico (¿quién se queda con el rellano?), y venderlos a un tercero resultaría peligroso (¿voy a tener que pagarle a una empresa cada vez que entre y salga de mi casa?), por lo que la ley lo prohíbe.
  • En el resto de supuestos de condominio, cualquier copropietario puede transmitir a un tercero su cuota sobre el patrimonio común. En el caso de la propiedad horizontal, esto no es así. El derecho es indivisible. Para transmitir mi cuota en la comunidad tengo, necesariamente, que transmitir también mi piso o local.


En definitiva, la situación de propiedad horizontal incluye a varias personas que tienen pisos o locales independientes situados en el mismo edificio y que en dicha condición ostentan también derechos de copropiedad sobre los elementos comunes de la finca. Y claro, esa situación –muchos vecinos que comparten propiedad sobre elementos comunes– hay que gestionarla de alguna forma.

La forma que ha encontrado la Ley de Propiedad Horizontal es establecer una serie de órganos que tiene que haber en toda comunidad de propietarios. Nos referimos a la Junta, formada por todos los vecinos, y a tres cargos unipersonales: el presidente, el secretario y el administrador. El presidente tiene que ser uno de los propietarios. Los otros cargos pueden acumularse en el presidente o concederse a otras personas, juntos o por separado. Y como estas personas no tienen por qué ser propietarios, se abre así la puerta a la profesionalización de la figura.

Lo más común es que se ceda a una empresa las funciones de administrador y de secretario y que sea esta sociedad la que designe a uno de sus empleados para que ejerza estas competencias. Y el tema es que son competencias muy amplias. En la práctica, el administrador-secretario profesional es quien gobierna la comunidad de vecinos, por lo que el cargo de presidente queda como residual, que se limita a firmar los papeles que sea. Es el administrador el que manda y ordena.

Sobre el administrador recae un deber general de “velar por el buen régimen de la casa”, para lo cual puede hacer advertencias a los titulares. Se le concede incluso la facultad de representar a la comunidad en los procedimientos monitorios (1) que puedan iniciarse contra el propietario que no paga las derramas. Esta competencia normalmente correspondería al presidente, pero dado que éste cambia cada año, se considera oportuno que pueda demandar también el administrador.

El administrador tiene también tarea burocrática, puesto que es él quien prepara el presupuesto que más adelante aprobará la Junta. En materia de obras, es quien ejecuta los acuerdos aprobados (lo cual quiere decir que es quien contrata, supervisa y paga a los obreros) y quien realiza actuaciones urgentes para reparar cosas que se hayan roto. Por último, puede tener todas las demás funciones que la Junta le conceda. Esta cláusula es un cajón de sastre donde cabe todo: gestión de las cuentas bancarias de la comunidad, cobro de los recibos, cumplimiento de obligaciones tributarias, inspecciones varias, mediación con propietarios díscolos, prevención de riesgos laborales... al final, la tarea del administrador acaba siendo una enorme suma de pequeñas cosas.

En cuanto a las funciones de secretario, son las típicas de esta figura: levanta y firma el acta de las reuniones, expide las convocatorias, redacta los órdenes del día, custodia los documentos de la comunidad y demás. La Ley de Propiedad Horizontal prácticamente asume que el puesto de secretario va a recaer en el administrador, y por ello la regulación de sus competencias está, sobre todo, en el artículo que dedica a este cargo.

La ley no dice nada de la formación que tiene que tener una persona física para desempeñar el cargo de administrador; se limita a hablar de una “cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida”. Tampoco dice nada sobre las empresas que prestan esta clase de servicios. En defecto de regulación, han ido apareciendo diversas iniciativas: existen, por ejemplo, colegios de administradores de fincas que tratan de unificar la profesión y que, presumiblemente, ofrecen cursos específicos. Sin embargo, la colegiación no es obligatoria (2), por lo que en la práctica lo único que tiene que hacer una persona para empezar a trabajar como administrador de fincas es anunciarse como tal.

Los honorarios son libres. A mi entender, es un mercado donde es bastante sencillo fidelizar al cliente: cambiar de administrador es algo que da una pereza inmensa, y más si la decisión se tiene que tomar en una reunión dirigida por el mismo administrador al que se trata de expulsar. Y por supuesto la mayoría de comunidades de vecinos no quieren ni oír hablar de prescindir de esta figura. Si ya es un tópico de nuestra cultura el rechazo a ser presidente de comunidad, como para encima asociar al cargo todas esas tareas pequeñas, ingratas y poco visibles que realiza el administrador de fincas profesional.








(1) Los monitorios son procedimientos, presuntamente más rápidos que el resto de juicios civiles, para reclamar deudas dinerarias que estén documentadas.

(2) Mantengo cierto escepticismo hacia los colegios de administradores de fincas, sobre todo por los bajos requisitos de acceso. Uno puede colegiarse con titulaciones tan alejadas de la administración de fincas como puedan ser Magisterio, Ingeniería Química, Ciencias Ambientales y Pedagogía. No es necesario nada más que tener cualquiera de esos títulos y pagar el pastizal de colegiación. No parece una buena barrera de entrada para garantizar unos servicios profesionales de calidad.



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sábado, 23 de diciembre de 2017

Para ti que eres (nuevo) rico: siete consejos por si ganas la Lotería

¡Enhorabuena! ¡Acabas de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad! Has luchado contra una probabilidad absurdamente baja, contra las colas eternas de Doña Manolita y contra ese malvado vendedor que pretendía colocarte un décimo con tu número de la mala suerte. Ahora eres el afortunado poseedor de 400.000 €, o más si compraste más décimos de la serie ganadora. Estoy seguro de que después de sacar el champán a la calle, de decirle a la prensa que vas a tapar agujeros y de que te saquen por la tele al grito de “este año ha caído donde más se necesitaba, en un barrio de gente humilde” querrás hacer unas cuantas locuras.

Este artículo tiene como objetivo que te contengas un poco. Antes de buscar el teléfono de George Lucas para convencerle de que ruede una versión del Episodio VIII sin todas esas molestas mujeres y negros, lee lo que viene a continuación.

1. El premio tributa
Así es. Desde 2013, y para indignación de miles de cuñados, la Lotería de Navidad tributa. Es lógico, puesto que se trata de un ingreso patrimonial. Los primeros 2.500 € están exentos y el resto tributa al 20%, por lo que cada décimo se queda en 320.500 €. Que sí, sigue siendo un pastizal, pero es un 20% menos de pastizal.

Este tributo está establecido en la Ley del IRPF y se supone que es un gravamen especial dentro de este impuesto. Sin embargo, en la práctica se trata de un tributo independiente: la cuantía del premio no se integra en la base imponible a la hora de hacer la declaración del IRPF, el tipo de gravamen es especial y fijo (el ya mencionado 20%), la retención no minora la cuota líquida del IRPF, etc. Además, no se declara a la vez que el IRPF, sino en una autoliquidación especial.

Sin embargo, la parte buena es que no hay que hacer nada de papeleo. Loterías y Apuestas del Estado aplica una retención del 20% y ya no tienes que presentar autoliquidación ni pagar nada. El premio te llega con los impuestos ya pagados.

2. Cuándo, cómo y dónde cobrar el premio
El premio se puede cobrar desde el propio día del sorteo hasta los tres meses posteriores. Sin embargo, lo más recomendable es hacerlo en cuanto se pueda; si has ganado hoy algo, el 24 por la mañana lo deberías tener cobrado. ¿Por qué? Porque el décimo es un documento al portador. Eso significa que si lo pierdes o se te destruye (el típico caso de “eché los pantalones a lavar con el billete dentro”) ya no podrás cobrarlo, y que si otra persona te lo roba podrá cobrarlo él. Una vez cobrado, sin embargo, el dinero queda en una cuenta bancaria y ya no es tan fácil perderlo.

Los premios menores de 3.000 € (en la práctica la pedrea, el reintegro y los premios tipo “centenas” y “dos últimos números”) se pueden cobrar en cualquier administración de Lotería. Los más grandes deben cobrarse en una sucursal bancaria. Como hemos dicho más arriba, los décimos son documentos al portador, por lo que para cobrarlos basta con presentarte en el sitio donde quieras hacer el cobro con tu billete premiado y con el DNI.

En general, se recomienda no darle mucho bombo al hecho de ser titular de un décimo premiado. En materia de cobro eso quiere decir que no vayas a tu oficina habitual a gritar que has ganado la Lotería; vete a otra un poco más alejada y cóbralo con tranquilidad. Lo mejor es que te lo ingresen en la cuenta; si no tienen en esa entidad, abre una solo para esa finalidad. No corras el riesgo de ir por ahí con una mochila llena de billetes de 200 € y 500 €.

3. Cuidado con las participaciones
En España la lotería es una tradición grupal. Ése es el secreto de su éxito: que nadie quiere ser el tonto que se queda pobre mientras los demás reciben una lluvia de millones. Por ello existe la costumbre de comprarla en grupos. Se trata del conocido sistema de las “participaciones”: un particular organiza una recolecta entre varias personas con el fin de comprar un décimo entre todos. Cuando toca, se divide el premio. El mecanismo suele ser que la persona que tiene físicamente el décimo vaya a cobrarlo y luego reparta el dinero en proporción a las participaciones

Pero hay que tener cuidado. En primer lugar, con los posibles aprovechados: existe la posibilidad de que la persona que gestiona las participaciones coja el dinero y se pire. No es muy común, y menos en entornos de confianza como la familia, pero puede suceder. En ese caso, tienes que saber que si quieres recuperar tu dinero tienes que demandar al incumplidor aprovechado. No le puedes reclamar nada a Loterías y Apuestas del Estado. Para Loterías, lo único que hay es un décimo premiado que ha sido cobrado por la persona que lo tenía. Si esa persona realizó dividió ese décimo en participaciones y luego no ha cumplido con su parte, es problema de la persona, no del Estado: Loterías queda fuera de la ecuación.

Otro problema, más común, es el tributario. Si una sola persona cobra todo el premio y luego se encarga de repartir el dinero entre los participantes, corremos el riesgo de que Hacienda considere que hay dos transmisiones: una del Estado al receptor del premio y otra del receptor del premio a terceras personas. Y el problema es que esta segunda transmisión se consideraría una donación, por lo que habría que tributar por ella según el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En otras palabras; Hacienda no ve la segunda transmisión como el reparto de un premio que ya ha tributado, sino como un regalo.

La mejor solución desde el punto de vista jurídico sería que todas las personas que fueran a participar en la compra de un décimo firmaran un contrato en el cual expresaran exactamente cuánto aporta cada uno y cuánto se pagará en caso de premio. En ese documento se designaría a uno de los contratantes como depositario del décimo, con la obligación de cobrar el premio y repartirlo. Si Hacienda mete las narices, el contrato demuestra que no estamos ante dos transmisiones patrimoniales, sino ante una sola que, por razones de comodidad, ha sido gestionada por una única persona.

Sin embargo, en la práctica eso no se suele hacer. Así que hay otras formas de evitar una doble tributación. Una costumbre común es fotocopiar el décimo y entregarle a cada participante una copia fechada y firmada por el depositario del original, donde se indique con cuánto juega. Otra opción, que sin duda arregla el problema de un plumazo, es que todos los participantes vayan juntos a cobrar el premio. Así todos constarán como receptores y quedará claro que solo hay una transmisión.

4. Evita los anuncios públicos
Si te pones a celebrar por la calle, puedes atraer atención indeseada: ladrones, estafadores, sablistas, blanqueadores de dinero, etc. Lo mismo (o incluso peor) si dejas que te entrevisten en la tele. Lo mejor es que seas discreto: una celebración privada con tus seres queridos, y punto. Si aun así se filtra que has ganado un premio, mantén el perfil bajo: no digas cuánto ha sido y no te muestres impaciente por colocar el dinero.

5. No vendas el décimo
Puede que antes de que cobres te llegue una oferta: alguien te compra el décimo premiado por más dinero del que vale. Ahí ya debería activarse tu sentido arácnido: nadie da 400.000 € por algo que vale 320.500 €. Nadie. Hay dos opciones, y ninguna te conviene: o es una estafa o es una forma de blanqueo de dinero. ¿Recordáis las coñas sobre la suerte que tenía Carlos Fabra, que ganó la lotería siete veces? Pues era una forma de legalizar dinero negro: el delincuente compra un décimo premiado (con lo cual adquiere dinero líquido con un origen legal) y el vendedor recibe más dinero del que le correspondería por el premio. Todos contentos.

Salvo por un hecho que no sé si te has planteado: acceder a este intercambio implica convertirte en un delincuente. Blanquear dinero es delito. Y cuando te pillen no va a valer que digas que no sabías nada: lo de comprar billetes de lotería es un truco viejo y el vendedor debería saber que nadie da duros a cuatro pesetas. Ah, otra cosa: ahórrate los “a mí no me van a pillar” porque sí te van a pillar. Es dinero cuya procedencia no puedes justificar y no tienes ni idea de cómo esconderlo. Salvo que quieras tener los 400.000 en un armario y sacarlos de 50 en 50 para ir a hacer la compra, que te cojan es cuestión de tiempo.

6. No es tanto dinero
Sí, los 320.500 euros del premio parecen un pastón. Y lo es, siempre que no intentes usarlos para aumentar tu tren de vida. Recuerda siempre que cuando ese dinero se vaya tú vas a seguir como antes de ganar el premio: tus ingresos no habrán aumentado de forma significativa. Y las cosas tienen gastos. Piensa: con tu trabajo actual, ¿puedes pagar los gastos mensuales de ese casoplón, de ese cochazo o de ese pedazo de yate que quieres comprarte? ¿No? Entonces igual es mejor que no te lo compres. El peor resultado posible sería acabar igual de pobre que antes pero con más deudas.

A mi entender, solo hay dos modos apropiados de gastar un premio de Lotería: fundírselo en caprichos no duraderos (viajes, fiestas, regalos, etc.) o invertirlo en cosas que den rentabilidad, de tal manera que puedas transformar ese pastón puntual en una fuente estable de ingresos. El punto intermedio, que es hacerte el nuevo rico con un capital limitado, es la mejor forma de acabar en la mierda más pronto que tarde.

7. No tomes decisiones precipitadas
El primer impulso es, sin duda, ir a la oficina a despedirte de forma épica. No es buena idea. El mundo da muchas vueltas y nunca sabes si vas a necesitar de nuevo ese trabajo. Ten en cuenta lo que hemos visto en el punto anterior: salvo que seas un inversor sagaz y capacitado (spoiler: no lo eres) el premio no te va a sacar de pobre. A largo plazo el dinero se agotará y en ese momento tú estarás sin trabajo y con tu exjefe cabreado contigo porque te sacaste la chorra y te measte en su mesa.

El dinero no quema. Guárdalo en el banco hasta que sepas qué hacer con él, y mantén la normalidad en todo momento. Si lo quieres usar para abrir un negocio, despídete de tu trabajo de manera adecuada y cortés; no quemes puentes a lo tonto. Si pretendes pulírtelo en farras, hazlo en tu tiempo libre. Tapar agujeros (es decir, pagar deudas grandes, como la hipoteca) es también una buena idea. Cuanto más pagues mejor, porque quedará menos por devolver y se generarán menos intereses. Pero ojo, que muchos bancos cobran penalización por amortización anticipada.

Quizás la mejor decisión sea invertirlo. Si lo inviertes, obtendrás un rendimiento igual que si montas una empresa pero sin la necesidad de una gestión diaria y constante para la que a lo mejor no estás preparado. En este caso, se aplica el principio de no poner todos los huevos en la misma cesta: dos o tres inversiones menores son mejores que una sola grande. También es conveniente que te asesores bien. Eso quiere decir que no te fíes de tu banco (recuerda las preferentes) y que contrates a un asesor profesional independiente que esté registrado en la CNMV. Cuando éste te proponga una inversión, asegúrate de que la entiendes por completo. Si no te fías de inversiones financieras, cómprate un piso en el centro de tu ciudad y ponlo en alquiler.




Y ya está. Estos siete consejos se resumen, en realidad, en una actitud de prudencia, discreción y realismo. Si no los olvidas, podrás disfrutar de tu premio durante mucho tiempo y no te verás en la situación de maldecir el momento en el que se te ocurrió comprar lotería.



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sábado, 16 de diciembre de 2017

Alquileres de vivienda 2 - Duración del alquiler

El tema de la duración del contrato de alquiler es, quizás, lo que más les importa a los inquilinos. En principio, si yo alquilo una vivienda es para vivir allí durante un plazo indeterminado, así que la pregunta es ¿cuánto tiempo puedo quedarme? O, en otras palabras, ¿puede el casero echarme en algún momento aunque yo siga queriendo quedarme (y pagando la renta)? ¿En qué condiciones? De la respuesta a estas dudas dependen los planes vitales que pueda hacer el arrendatario: no es lo mismo saber que vas a poder disfrutar de la vivienda hasta que te canses de ella que tener que contar con que en cualquier momento te puede llegar un preaviso para que te largues.

La cuestión viene regulada en los artículos 9 a 16 LAU. Pero antes de analizarla, recordemos algo que vimos en la entrada anterior: en los arrendamientos de vivienda, la regulación legal no se puede modificar en perjuicio del arrendatario. Los derechos recogidos en la ley son imperativos y vinculan a las dos partes aunque en el contrato hayan pactado otra cosa. Las cláusulas del contrato que reducen o menoscaban derechos del inquilino son nulas. Dicho esto, vamos a hablar de la duración del contrato de alquiler.

En primer lugar, la duración del contrato es libre. Si tu casero y tú queréis pactar un arrendamiento que dura cincuenta años, podéis hacerlo. Pero lo habitual en el mercado no es hacerlo así, sino pactarlo por un año o bien por “tiempo indefinido”. Si no se estipula un plazo concreto, se entiende que el contrato se ha firmado por un año. En todo caso, se pacte el contrato por un año o por cincuenta, ¿qué ocurre cuando vence ese plazo? Que se prorroga por plazos anuales, en las siguientes condiciones:
  1. Durante los tres primeros años de vida del contrato la prórroga es obligatoria para el arrendador. Es decir, que el inquilino puede evitar que se prorrogue el contrato (le basta para ello con avisar con 30 días de antelación) pero el casero no tiene ese derecho.
  2. Pasados los tres primeros años de vida del contrato, la prórroga es voluntaria para ambos. Cualquiera de ellos, siempre que preavise con 30 días de antelación, puede evitar que se prorrogue el contrato.


En otras palabras: cuando se firma un arrendamiento, ambas partes saben que el inquilino va a poder quedarse durante todo el tiempo pactado en el contrato y, si éste es inferior a tres años, hasta que se cumplan esos tres años (1). Terminados estos dos plazos, el contrato sigue prorrogándose por anualidades salvo que cualquiera de las partes diga lo contrario.

Éste es una de las principales fallas de esta ley, y así lo lleva tiempo denunciando el movimiento inquilinal. Este plazo de tres años (que se vio reducido tras la reforma de 2013, pues en la redacción original de la LAU era de cinco), es en realidad un incentivo a la especulación. ¿Qué razón puede tener un casero para no renovar el contrato de un arrendatario pacífico y que está pagando todas sus mensualidades? Pues alquilar de nuevo el piso pero al “precio que marque el mercado”, es decir, especular con él. En un momento de burbuja de los alquileres como el que vivimos, que el arrendador pueda terminar el contrato a los tres años de firmarlo solo sirve para fomentar la especulación.

La especulación no es ilegal, en principio: es plenamente lícito que yo intente maximizar el dinero que saco de mis bienes. Pero uno podría preguntarse hasta qué punto es conveniente incentivar este proceso ya desde la propia ley, sobre todo si esto lamina el derecho a la vivienda. Cabe recordar aquí que el artículo 47 CE, en materia de vivienda, habla específicamente de que los poderes públicos deben impedir la especulación. Y aunque el artículo 47 no es un derecho propiamente dicho, sí es una orientación que debe seguirse a la hora de legislar.

Lo que he dicho del derecho a la vivienda es importante. Se supone que el contrato de arrendamiento se firma para dotar al inquilino de un lugar donde vivir de forma permanente. ¿Cómo se conjuga esta finalidad con la posibilidad de que te echen a los tres años? Nadie puede asentarse de verdad en una vivienda si es posible, incluso probable, que tenga que irse dentro de ese tiempo. Así no hay manera de desarrollar un proyecto de vida. Además, una vez cumplido el plazo, todos los años aparece de nuevo la duda de si habrá que irse el piso o no.

El régimen de “renta antigua”, tan denostado hoy en día, me parece por completo razonable. Se llama “renta antigua” porque es el previsto en una ley vieja: la LAU de 1964. Esta norma sigue rigiendo para los arrendamientos firmados antes de que se reformara en 1985 (2). ¿Y qué decía la LAU de 1964? Sencillo: que el contrato de arrendamiento se prorroga indefinidamente mientras el arrendatario quiera quedarse en la vivienda. Si el inquilino sigue cumpliendo con sus obligaciones legales, el arrendador no puede echarle.

No digo que volvamos a la norma de 1964, sobre todo porque tenía fallas que se hizo bien en quitar (3). Pero, aparte de eso, un contrato indefinido conviene tanto al inquilino (al que le proporciona una vivienda permanente) como al casero (al que le da un ingreso fijo). Al único que perjudica es al especulador. ¿Que el propietario lo que quiere es esperar a que suban los precios de los alquileres para sacar su vivienda al mercado en condiciones ventajosas? Nadie se lo impide, pero entonces que la tenga vacía hasta que llegue ese momento y que no juegue con la vivienda de nadie.

Antes he dicho que el régimen de renta antigua se acabó después de la reforma de 1985. Sin embargo, la LAU actual es de 1994. ¿Qué pasó en esos nueve años? Que había libertad absoluta: los contratos duraban el tiempo que pactaran las partes y cuando terminaba ese plazo nadie tenía la obligación de renovarlos. En otras palabras, el legislador de 1985 se fue al extremo contrario que el de 1964. Así, la LAU de 1994, que establecía un plazo de cinco años, se vendió como un término medio entre la seguridad que le proporcionaba al inquilino el régimen de 1964 y la precariedad del de 1985.

He hecho este excurso de política legislativa porque me parecía necesario para que quien me lea pueda juzgar si el régimen de la LAU actual es bueno, malo o regular. Creo que ese punto ya ha quedado bastante claro, así que tenemos que volver a la LAU. Porque la ley regula toda otra serie de cuestiones que pueden afectar a la duración del arrendamiento, y es cuestión de verlas aunque sea de forma somera.

Cuestiones que afectan al arrendador
Si el arrendador necesita el piso para sí o para su familia (padres, hijos, cónyuge separado o divorciado) puede impedir la prórroga obligatoria, es decir, la que se hace en los tres primeros años del contrato. En otras palabras: no puede reclamar el piso en el momento en que se produce la necesidad, pero sí impedir las prórrogas forzosas del contrato. Es el único caso en que puede evitar esta clase de prórrogas. Para ello tiene que comunicárselo al arrendatario con sesenta días de antelación. Si él o sus familiares no ocupan la vivienda en los tres meses posteriores a la finalización del arrendamiento, el inquilino puede optar por recuperarla (empezando desde cero el contrato) o por recibir una indemnización.

Si el arrendador pierde el piso (se lo embargan, se ejerce una opción de compra sobre el mismo, se ejecuta una hipoteca, etc.) o lo vende, en principio el arrendamiento termina de forma inmediata. Sin embargo, si el contrato estuviera inscrito en el Registro de la Propiedad, el arrendamiento se mantiene en las condiciones pactadas: el adquirente de la finca se ve obligado a soportar esa carga. Por eso es importante que el inquilino convenza al propietario de inscribir el arrendamiento (4).

Cuestiones que afectan al arrendatario
Si el arrendatario quiere irse del piso antes de que termine el plazo, puede hacerlo siempre que hayan transcurrido al menos seis meses y que lo preavise con treinta días de antelación. Esto se conoce como “desistimiento”. En principio no tiene que pagar nada, pero la ley permite pactar en el contrato una indemnización de un mes por cada año de alquiler que quede por cumplir.

Hasta ahora veníamos asumiendo que el inquilino vive solo. Pero ¿y si está casado? En esos supuestos, la ley protege al cónyuge conviviente:
  • Si el inquilino desiste o no renueva el contrato o si abandona el piso sin decir nada, el cónyuge puede continuar con el arrendamiento. El mismo derecho se reconoce a la pareja no casada del inquilino siempre que conviva con él, aunque en este caso se exige un requisito extra: o bien prole en común o bien convivencia de dos años.
  • Si el inquilino se separa, se divorcia o anula su matrimonio y la vivienda común se adjudica al cónyuge conviviente, éste continúa habitando la vivienda. Si la sentencia le reconoce derecho a usar la casa de forma permanente o por más tiempo del que reste por cumplir del arrendamiento, pasa a ser el titular del contrato.


Por último, si el arrendatario muere, las personas que convivan con él pueden subrogarse en el arrendamiento siempre que pertenezcan a estas categorías (y cumplan algún otro requisito previsto en la ley): su cónyuge, su pareja no conyugal, sus descendientes, sus ascendientes, sus hermanos o cualquier pariente hasta el tercer grado con una minusvalía superior al 65%. Si no existe ninguna de estas personas, el arrendamiento termina. Si existen varias, tienen que acordar entre ellos quién se queda en el piso. Si no hay acuerdo, se usa un orden de preferencia previsto en la ley. En contratos con duración inicial superior a tres años es posible pactar la renuncia o limitaciones a este derecho de subrogación.



Así pues, si vives de alquiler, recuerda siempre que lo que te compensa es un contrato largo y sin penalizaciones por desistimiento. Es difícil de conseguir, pero quién sabe: a lo mejor es tu día de suerte.







(1) Siempre, claro está, que pague la renta y cumpla con el resto de obligaciones.

(2) Con excepciones. La LAU de 1994, que es la que está en vigor, dedica dos largas Disposiciones Transitorias a actualizar la normativa que se aplica a los arrendamientos firmados antes de la reforma de 1985.

(3) Por ejemplo: la LAU de 1964 hacía verdaderamente difícil actualizar la renta para adecuarla al coste de la vida y permitía hasta dos subrogaciones en caso de muerte del inquilino.

(4) En general, inscribir el arrendamiento es la mejor forma de oponerlo frente a terceros, por ejemplo en este caso frente al adquirente del piso. Pero ojo, que también le otorga derechos al casero: le permite acceder a un procedimiento de desalojo ante notario si el inquilino no paga. Es cada inquilino el que tiene que decidir qué le conviene más.



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miércoles, 13 de diciembre de 2017

Violación por Internet

Los delitos sexuales son una cosa complicada de analizar. Como es lógico, son algo que conecta de forma directa con el estómago, y es difícil ser objetivo (que no imparcial) al hablar de temas tan dolorosos. Los titulares de prensa no ayudan. “Un sueco, el primer condenado a prisión en el mundo por cometer violaciones por Internet”, titulaba el otro día 20Minutos. La tontería de “el primero en el mundo” se repetía acríticamente por todos los titulares, y lo de la “violación por Internet” era objeto de múltiples chistecitos a cual más ingenioso.

Y uno, que conoce un poco la legislación penal española, no puede evitar asombrarse de que los suecos parezcan estar descubriendo aquí la pólvora. Ojo, que no se me malinterprete: la regulación que hace el Código Penal español de los delitos contra la libertad sexual es muy criticable. La separación entre agresión y abuso sexual, por ejemplo, cada vez me parece menos defendible. Y no estaría mal meter en la ley una definición de consentimiento, algo que ya están haciendo otros países, por ejemplo (y precisamente) Suecia. Pero en este caso concreto, yo entiendo que nada impide que en España estos mismos hechos sean condenados también como violación. Aunque hayan sido por Internet.

¿Cuáles son los hechos? Sencillo. El agresor contactaba por Internet con personas de fuera de Suecia y, mediante amenazas hacia ellas o hacia sus familias, les obligaba a realizar actos sexuales sobre sí mismas, hacia otras personas o hacia animales. Así hasta 59 delitos cometidos sobre 27 víctimas. No he logrado encontrar una descripción detallada de los hechos (tampoco me he molestado en buscarla), pero imagino que la mayoría incluiría penetración de dedos o de objetos, y no solo sobeteos.

El Código Penal define la violación como una modalidad agravada del delito de agresión sexual. Hay tres requisitos para considerar que estamos ante una violación:
  1. Una vulneración de la libertad sexual de una persona, es decir, un acto sexual no consentido.
  2. Se comete mediante violencia (fuerza física) o intimidación (amenazas). Esta nota es la que diferencia la agresión del abuso sexual.
  3. Incluye penetración, entendida en un sentido amplio: acceso carnal por vía oral, vaginal o anal y también introducción de miembros corporales o de objetos por las dos últimas vías. Esto es lo que diferencia la violación  de las agresiones sexuales.


Ninguna de estas tres notas exige que el agresor y la víctima estén en el mismo sitio. Es cierto que cuando pensamos en una violación todos nos imaginamos una escena donde hay contacto físico, pero en realidad cualquier acto que cumpla estos requisitos es violación. Si yo hablo contigo a distancia y, a fuerza de amenazas, logro que te introduzcas los dedos o un juguete, estamos ante una violación.

Quiero insistir en esta idea. No hay ningún precepto de la ley que exija que sea el agresor quien materialmente penetre a la víctima: se castiga la penetración, sea quien sea la persona que la lleve a cabo (1). Sí, a lo mejor al tribunal le costaría un poco verlo al principio, pero no tengo dudas de que una vez probados los hechos su calificación como violación no sería dudosa. Hablamos de una pena de 6 a 12 años de prisión.

Pero aún hay más. He calificado a las víctimas de “personas” con el objetivo de mantener cierta ambigüedad, pero el hecho es que eran menores de edad: 26 niñas y un niño, la mayoría de menos de 15 años. Y si nuestro Código Penal castiga con dureza las agresiones sexuales contra adultos, os podréis imaginar cómo se pone la cosa cuando las víctimas son niños. Como quizás sepáis, la edad de consentimiento sexual en España está en los 16 años. El artículo 183 CPE castiga las agresiones y abusos sexuales cometidos contra personas menores de esa edad.

El artículo 183 mantiene la diferencia entre abusos y agresiones sexuales (la ausencia o presencia de violencia/intimidación), y al regular estas últimas añade una coletilla: incluye de forma explícita los casos en los que se obliga a un menor de 16 años a realizar actos de naturaleza sexual con terceras personas o sobre sí mismos. Esta coletilla es, como hemos visto, un poco innecesaria, pero nunca viene mal a efectos pedagógicos. Ya no hay que interpretar nada: el tipo penal expresamente contempla que se obligue a un menor a que se toque o a que se penetre. La pena, por cierto, es de 12 a 15 años de prisión en caso de penetración.

Pero aún hay más. Y es que, incluso aunque las cosas no fueran así, todavía se le podría pillar por pornografía infantil. El artículo 189.1.a CPE castiga, entre toda una multiplicidad de conductas, al que use a menores de edad en espectáculos pornográficos (aunque sean privados) o para elaborar material pornográfico. En este caso, el agresor obligaba a los menores a que se grabaran realizando actos sexuales, por lo que aunque su objetivo principal no fuera lucrarse con la venta de ese material –que es en lo que pensamos cuando oímos el concepto “pornografía infantil” –, el delito se comete igual. Si aplicamos la agravante de cometerlo contra menores de 16 y la de intimidación, nos queda una pena de 9 a 13,5 años de prisión.

Así pues, no conviene tampoco poner el grito en el cielo ni echarse las manos a la cabeza. España tiene legislación apropiada para enfrentarse a esta clase de hechos. Cuestión distinta es la formación en género de los jueces, la rapidez de los procedimientos y los medios para evitar la victimización secundaria. En esta materia sí que creo que estamos muy atrasados: tenemos que hacerlo más y mejor para que los juicios no sean un calvario para las víctimas.









(1) De hecho, el Tribunal Supremo tiene declarado que también es violación si el agresor obliga a la víctima a penetrarle.


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