martes, 14 de noviembre de 2017

Mi barrio

Normalmente no hablo de mi vida. Considero que no le importa a nadie: en este blog analizo cuestiones jurídicas y políticas con el mayor rigor que puedo, así que la cuestión de mi identidad es irrelevante. ¡Si incluso escribo bajo pseudónimo! Pero últimamente quería traer algo que me afecta en persona, en mi día a día, y que además me produce conflicto. Así que vamos a hablar un poco de mi barrio.

Mi barrio es San Diego, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Para quien no lo sepa, Vallecas es el nombre colectivo que reciben dos distritos del sur de Madrid con fuerte tradición de presencia obrera, de inmigración y de combatividad social. Es una zona situada al sur de la ciudad y es de las más castigadas por la crisis: según datos de abril, Puente de Vallecas es el distrito con menor renta per cápita de Madrid y un 63,7% de los parados que lo habitan carece de prestación. El barrio de San Diego propiamente dicho obtuvo 32,5 puntos de un máximo de 35 en un índice de necesidades de reequilibrio territorial que elaboró el Ayuntamiento.

En este contexto, la llegada de droga al barrio ha sentado como un mazazo.

El término “llegada” es, por supuesto, relativo. Los ’80 vinieron y pasaron, y Vallecas siempre ha sido zona obrera, pobre y olvidada por la Administración, por lo que la heroína se expandió como el fuego. Pero desde entonces el barrio se había normalizado y era un lugar agradable para vivir y no demasiado conflictivo. Había comercio, se podía ir con tranquilidad por la calle y, aunque falta inversión por un tubo, a veces se hacía algo de obra pública.

Hace un par de años la cosa empezó a cambiar. La presión policial sobre los clanes de la droga de la Cañada Real y los planes urbanísticos que hay por esa zona provocaron que los camellos se movieran de sitio. Uno de los destinos elegidos fue, precisamente, mi barrio. Así fue cuando aparecieron los narcopisos. El término hace referencia a casas ocupadas ilegalmente donde se vende y se consume droga. El matiz del consumo es importante, porque dificulta la iniciación de procesos contra esos traficantes. Si de un local no deja de salir gente con droga que no tenía a la entrada, el juez lo tiene mucho más fácil. Por el contrario, si todo el mundo sale colocado pero sin que se pueda intervenir un solo gramo, la única prueba de que ese lugar es una narcocasa está en la palabra de los vecinos.

Claro, el problema no son los pisos. El problema está en sus habitantes, que generan suciedad, ruidos y peleas: este reportaje muestra en qué estado se encontraba un inmueble después de desalojar a los camellos. Y también están los clientes: robos y prostitución para pagarse las dosis, discusiones a gritos, meadas entre coches, amenazas a vecinos, etc. Multiplíquese por 33, que es el número de narcocasas contabilizadas por los vecinos solo en el barrio de San Diego, y ya está organizada. De momento ya hemos tenido una muerte que parece relacionada con esto.

Ante esta situación, los vecinos están comprensiblemente indignados y molestos. Así que han empezado a organizarse. Durante unas cuantas semanas hubo caceroladas diarias que terminaban delante o detrás de uno de los narcopisos más notables: el de la calle Puerto de la Mano de Hierro, al que más bien habría que llamar “narcoedificio” porque son tres plantas dedicadas al suministro. Pero este medio de protesta se detuvo a mediados de octubre, después de que los camellos tiraran lejía a vecinos y a policías. Después de ese incidente se ha optado por una vía más institucional: se ha hablado con la asociación de vecinos del distrito y con distintos concejales para buscar soluciones.

El tema de la droga se ha juntado con otros problemas que vive el barrio (la suciedad en las calles, que es endémica, o los pisos de prostitución) para generar un movimiento vecinal que parece bastante activo. Hace varias semanas se montó una asamblea a la que asistieron unos 200 vecinos, en la que se anunció una manifestación para quejarse de la degradación creciente. La manifestación está convocada para mañana, miércoles 15 de noviembre.

Y en todo este conflicto, yo no sé muy bien dónde situarme, porque veo peligros por todas partes. En primer lugar, rechazo el proceso que está viviendo San Diego. Están cerrando comercios, los vecinos tradicionales se están yendo y andar por la calle empieza a ser inseguro. Yo mismo he sufrido agresiones, aunque en mi caso (hombre joven y de buena envergadura) se han quedado en simples amenazas. Sí, definitivamente no quiero que mi barrio se transforme en esto.

Pero por otro lado, frente a la Escila de la degradación está la Caribdis de la gentrificación. En el barrio hay signos de que está viniendo una oleada de nuevos residentes que ya no se pueden permitir el centro pero que tienen más renta que los habitantes tradicionales: hay un Carrefour 24 horas, aparecen negocios poco habituales (gastrobares, tiendas de lanas), están abriendo también varias franquicias, el Ayuntamiento empieza a prestarnos más atención, etc. Y aunque la conversión del barrio en un narcogueto me repugna, la gentrificación tampoco es un destino que me ilusione.

Quizás contraponer ambos procesos sea inexacto. Más bien podemos decir que uno ayuda al otro. Los narcopisos y la inseguridad echan a los vecinos tradicionales y, una vez que el barrio está debilitado, se le hace un lavado de cara disfrazado de lucha contra la droga y se pone una tienda de cupcakes en cada local par y un McDonalds en cada local impar. Este proceso está más que documentado: no hay más que ver lo que pasó con el entorno de la plaza de la Luna, que en 10 años ha pasado de un extremo al otro. Así que me preocupa que la miseria sea una excusa para destruir un distrito histórico. Al fin y al cabo corre el rumor de que los 33 narcopisos identificados son propiedad de fondos de inversión y, aunque me lo creo poco, sí que es plausible que sean todos de grandes propietarios que no necesitan rentabilizarlos a corto plazo.

Hay más cuestiones que me preocupan. Otra de las razones por las que no me he apuntado al movimiento vecinal es porque me da miedo que vengan terceros a capitalizar mi esfuerzo. Hablo en primer lugar del PP y Ciudadanos, que buscan evidentemente cualquier causa para debilitar al Ayuntamiento: solo faltaría que la derecha, que ha gobernado esta ciudad durante 26 años seguidos y que ha tratado a Vallecas como si no existiera, se erigiera ahora en la abanderada del barrio. La antigua concejala del distrito por el PP ya ha salido en prensa a decir que la culpa de todo es de Carmena.

Pero hay otros que me asustan más, y son los nazis. La ultraderecha está creciendo, y Hogar Social Madrid tiene una fuerza importante en la ciudad, hecha a base de una labor social que se usa como ariete para abrir una brecha en la que colar propaganda. Y claro, los camellos que están provocando el problema son extranjeros o gitanos. Un momento perfecto para que vengan los nazis a reclamar Vallecas. Quiero pensar que ambos peligros –el PP y los nazis– son ilusiones mías y que Vallecas sabrá resistir, pero no las tengo todas conmigo (1). Especialmente por lo que voy a decir a continuación.

Otro flanco que me da miedo son, paradójicamente, mis propios vecinos. Me explico: Vallecas ha sido siempre un lugar de inmigración, primero española y luego extranjera. En el barrio de San Diego hay un 25% de población inmigrante (2). Entonces, ¿por qué la asamblea vecinal a la que asistí el otro día estaba copada por ancianos españoles? ¿Por qué el único extranjero que tomó la palabra lo hizo principalmente para distanciarse de los inmigrantes que vienen a delinquir? ¿Por qué me tuve que tragar dos arengas racistas precedidas por el consabido “yo-no-soy-racista-pero”?

No estoy criticando tanto las opiniones de gente mayor que no ha tenido oportunidad de formarse como una pauta más general. Hablo de guetos, de que se considere que la población “real” del barrio son los ancianos blancos que llevan toda su vida ahí y nadie más. Y ojo, que a lo mejor esos ancianos son tan inmigrantes como los jóvenes latinos pero llegaron hace 50 años de Extremadura en vez de hace 10 de Perú. Si no se integra a la nueva población (¡un 25%!) en la defensa del barrio, mal vamos. Y claro, como siempre esto es un círculo vicioso: si las reuniones están formadas solo por blancos y solo toman la palabra blancos, quienes no lo sean se irán alejando cada vez más. La aparición de movimientos racistas irá siendo cada vez más fácil. 

En realidad esto es consecuencia de tratar un problema de muy hondo calado como si fuera una simple cuestión de seguridad. La existencia de mafias de extranjeros que venden droga (mayoritariamente a españoles blancos, ojo, que siempre se nos olvida esta parte de la ecuación) es un problema complejísimo, que mezcla falta de integración, choques culturales, necesidad económica y desesperación vital. No se va a resolver de la noche a la mañana, y menos con represión. Pero la represión es el enfoque más fácil y obvio, y por eso comprendo también la respuesta de unos vecinos que ven cómo su barrio se degrada a ojos vista. Nadie quiere volver a la heroína por las calles, y hacia allí que vamos.

Por eso entiendo la propuesta, que parece que está en estudio, de poner cámaras en el barrio. De eso se trató en la asamblea, y se dijo que reiteradamente los vecinos han rechazado esta medida alegando su derecho a la intimidad. Dicho rechazo se tildó de “demagogia”. Eso significa que me deberían apuntar en las filas de los demagogos porque, aunque reconozco que el derecho a la intimidad no existe por la calle, yo no quiero que todos mis movimientos sean grabados mientras camino por mi barrio. Me parece molesto y además inútil: nadie me ha explicado de qué forma la presencia de cámaras en las calles va a hacer que en los pisos deje de venderse droga. Así que no, no comparto la proposición aunque, como digo, entienda a quien la apoya.

Supongo que a corto plazo la única solución posible es dedicar más dinero al poder judicial para que los procedimientos no se eternicen. Con suerte, el problema no irá a más. Pero a largo hay que afrontar preguntas muy difíciles acerca de por qué la gente se droga y de qué  intereses hay detrás de que Vallecas sea un supermercado. Se necesita intervención social, trabajo digno, integración en el barrio y tiempo para que todas estas medidas calen. Yo, de momento, no tengo ninguna certeza: solo dudas, miedos y la esperanza de que mi barrio salga de este trago sin sufrir demasiado.





(1) Vallecas siempre ha sido un barrio ideológicamente de izquierdas. El otro día en la asamblea vecinal no hubo más que risitas despreciativas hacia el intento del PP de engancharse a esto.

(2) Es el segundo barrio con más porcentaje de población nacida fuera de España. El mayor es Pradolongo, en Usera, con 29,8% de extranjeros.


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viernes, 3 de noviembre de 2017

Presos políticos

Cuando por fin parecía que el procés se estaba desinflando (espantá belga incluida) han venido el Ministerio Fiscal y la Audiencia Nacional a darle un nuevo balón de oxígeno. Ayer nueve consellers fueron a declarar ante el Juzgado Central de Instrucción que lleva su caso y ya no salieron: la jueza Lamela decretó prisión provisional incondicional para todos ellos, excepto para el que dimitió antes de la DUI, que puede eludirla con una fianza de 50.000 €. Las causas alegadas por su señoría son el riesgo de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

Por supuesto, el debate se ha vuelto a encrespar. Y ha aparecido el término que sale siempre en estos casos: presos políticos. ¿Son estos nueve miembros del Govern presos políticos? Voy adelantando que yo creo que sí. Para explicarlo, primero tenemos que tener claro qué cosa es un preso político.

Un preso político es, como su propio nombre indica, alguien que sufre cualquier clase de privación de libertad debido a sus ideas políticas. Pero aquí nos encontramos con un problema, y es que raras veces hay legislación que castigue las ideas. Los regímenes autoritarios no son tan tontos como para meter en un Código Penal un tipo que consista en ser comunista, o anarquista, o (como en este caso) separatista. Al contrario, los presos políticos suelen acabar en esa condición porque les acusan de otros delitos: atentar contra el orden público, atacar al Estado, esa clase de cosas.

Esto quiere decir que es complicado probar la existencia de presos políticos. Todo sistema jurídico puede negar que un preso es político: “no, no, tal persona no está en la cárcel por sus ideas, sino porque ha cometido un delito contra el orden público”. Y lo más divertido es que formalmente es verdad. Se encuentran pruebas que permiten fabricar una acusación más o menos sólida contra esa persona y justificar la prisión. Eso permite a los defensores del régimen llenarse la boca con lo respetuosos de los derechos fundamentales que son sus gobernantes y lo malos que son los opositores.

En el caso de los miembros del Govern hay un problema añadido, y es que ellos sí que han cometido delitos. Y hablo de delitos de verdad, no de engendros apañados a medida para perseguir a opositores. Concretamente me refiero a prevaricación (dictar actos sin base legal, como la convocatoria de referéndum), malversación (distraer dinero de su finalidad, por ejemplo para organizar un referéndum ilegal) y desobediencia (vulnerar las órdenes dadas por el Tribunal Constitucional). Por supuesto, tendrá que ser un tribunal quien determine cuál es la responsabilidad de cada conseller, pero de momento estos tipos penales están ahí y a priori son aplicables al caso. De hecho, aparte de por rebelión, el procedimiento está abierto también por malversación, que es sin duda la acusación más sólida de las tres que he mencionado en este párrafo.

Entonces, si esto es así, ¿dónde reside la condición de presos políticos de los miembros del Govern? En que la reacción del Estado contra ellos es mucho más potente de la que corresponde a los delitos cometidos. O, en otras palabras, si estos mismos hechos se cometen para otra finalidad que no sea independizar Cataluña del resto de España, no tendríamos este cirio montado. Estaríamos con juicios normales ante jueces ordinarios, no con la Audiencia Nacional ni con prisiones provisionales.

Hay que recordar una cosa: en España no hay ningún tipo penal que castigue un intento pacífico de secesión como el que se ha llevado a cabo en Cataluña. El delito de rebelión, del que tanto se habla estos días, está definido como un “alzamiento violento”, y aquí no ha habido ni alzamiento ni violencia. Así que solo queda acusar por los tipos genéricos que he mencionado más arriba (malversación y demás), y en ese caso el respeto por la legalidad debe ser exquisito. Hacer cualquier otra cosa que vaya en perjuicio de los encausados nos sitúa, precisamente, en el terreno de los presos políticos.

Ojo, que todo esto no me lo estoy inventando yo. En 2012 el Consejo de Europa aprobó un documento donde se definía lo que era un preso político. Alguien privado de su libertad tendrá la condición de preso político si está en cualquiera de estos casos:
  1. La detención se ha impuesto vulnerando cualquiera de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
  2. La detención se ha impuesto por razones puramente políticas, sin conexión con ningún tipo penal.
  3. La longitud o las condiciones de la detención son, por razones políticas, claramente desproporcionadas respecto del delito.
  4. Por razones políticas el reo es detenido de forma discriminatoria en comparación con otras personas.
  5. La detención deriva de un procedimiento claramente ilegal y esto parece estar conectado con los motivos políticos de las autoridades.


Los dos primeros criterios no parecen demasiado aplicables al caso. Son los supuestos más burdos, que casi no se dan: los que mencionábamos más arriba de detener a un comunista por ser comunista y declararlo así. El tercero parece referirse más a las condiciones materiales del encierro, sobre las cuales no hay demasiado que decir. Pero los requisitos cuarto y quinto parecen pensados para este caso.

Veamos el punto cuarto. Ya he mencionado la diferencia de trato que han sufrido Junqueras y los demás respecto de otras personas juzgadas por el mismo delito. Un tribunal distinto, unas medidas cautelares desorbitadas, unas peticiones de pena excesivas, etc. Vayamos en exclusiva al auto, que decreta la prisión provisional alegando razones de reiteración delictiva y de riesgo de fuga. Es absurdo. ¿Qué reiteración delictiva puede haber cuando han sido destituidos de sus cargos? ¿De qué riesgo de fuga hablamos cuando son personas que se han personado voluntariamente en la AN? Si queréis saber más sobre la debilidad argumental del auto podéis leer este artículo, éste o este último (o los tres), pero a mi entender la cuestión está clara: a los consellers se les ha impuesto una detención discriminatoria, y la prueba de ello está en los debilísimos argumentos que justifican la medida.

Y en relación al quinto punto (procedimiento ilegal), solo hay que examinar dos cuestiones: que la acusación de rebelión no se sostiene (especialmente por la ausencia total de violencia en todo el procés, salvo la que sufrieron tres coches de la Guardia Civil mes y medio antes de la DUI) y que, aunque se sostuviera, la Audiencia Nacional no es competente para juzgarla. Pero, igual que con las acusaciones previas de sedición, la Fiscalía se ha montado un apaño jurídico para llevarla ante este tribunal, que a su vez ha tragado con la farsa.

No voy a discutir sobre la preparación técnica de los miembros del Ministerio Fiscal: asumo que es excelente. Entonces, ¿qué les lleva a acusar por un delito que claramente no se ha cometido ante un tribunal que claramente no tiene competencia para juzgarlo? Obvio: razones políticas. Y, como la prisión provisional de los consellers ha sido acordada en el seno de un procedimiento de estas características, lo que tenemos son presos políticos.

He leído hoy que el Ministerio Fiscal no puede estar actuando de manera política porque a Rajoy esto no le viene bien. Efectivamente, parece que así es: con Puigdemont en Bélgica, la Administración catalana bajo control del Estado y los partidos independentistas aceptando las elecciones del 21-D, el conflicto parecía terminado. Esta decisión incomprensible lo vuelve a avivar. Según quienes sostienen esta interpretación, el Ministerio Fiscal y la jueza Lamela demuestran su independencia realizando una actuación que no le viene nada bien al Gobierno.

Ante esto cabe decir dos cosas. La primera, que no toda acción política tiene por qué estar coordinada. Es posible que el Ministerio Fiscal y una jueza de la Audiencia Nacional actúen por motivaciones políticas fuera del control del Gobierno y frustren, en principio sin querer, los planes de éste. No sería nada raro que, ante una situación tan complicada, actores diferentes pensaran en soluciones distintas al mismo conflicto.

Y la segunda, que también es posible negar la mayor y afirmar que al PP esto le viene genial. Enardece a sus votantes, polariza el país y tapa las corruptelas que siguen saliendo y que le afectan. Por supuesto, afirmar esto quiere decir que al PP no le interesa solucionar este conflicto sino su propio rédito electoral, pero no creo que esto sorprenda ya a nadie. Y ojo, que esta interpretación no quiere decir que el Gobierno controle de forma general a la Fiscalía. Un fiscal puede ejercer la profesionalidad más exquisita a la hora de investigar las tramas relativas al PP pero volverse loco cuando alguien le toca la unidad de España y alinearse bajo la bandera del Gobierno caiga quien caiga.

Así que sí, creo que los miembros del Govern son en este momento presos políticos. Sin negar que han cometido delitos, la reacción contra los mismos ha sido desproporcionada en grado sumo, y lo ha sido por su ideología y sus actuaciones políticas. Y eso solo tiene un nombre.




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#LeoAutorasOct - Mis lecturas de 2017

Ha terminado el #LeoAutorasOct de 2017. Como ya hice el año pasado, reseño mis lecturas para quien le pudiera interesar. No añado reflexiones finales porque la entrada ya es bastante larga y porque sigo sosteniendo las mismas que hice en 2016. Así pues, allá va la lista:


1. Una arruga en el tiempo (Madeleine L’Engle, 1962)
Meg no es feliz. El colegio le va mal, pese a que es hija de dos reputados científicos. Además, su padre lleva meses desaparecido y las murmuraciones dicen que se ha fugado con otra. Solo tiene el refugio de Charles Wallace, su hermano pequeño, que parece tener el don de comprender a la gente sin necesidad de que hable. Un día, los dos hermanos y su amigo Calvin entran en contacto con tres misteriosas ancianas, las señoras Qué, Quién y Cuál, que les explican que se puede viajar a una velocidad superior a la de la luz practicando un doblez en el tiempo. Y tienen que hacerlo, pues su padre está prisionero y ellos deben rescatarle.

Tenía esta curiosa novelita juvenil en mis estanterías y decidí releerla debido a una recomendación de La Nave Invisible. No me acordaba de gran cosa, salvo de la palabra “teselacto”, que imagino que es la forma más o menos libre en la que el traductor introdujo el término “teseracto”. Un teseracto es un hipercubo de cuatro dimensiones, aunque en la novela se refieren a él como un objeto de la quinta dimensión y es el instrumento que permite “doblar” el tiempo para viajar rápido.

Así que sí, estamos ante una novela juvenil publicada en 1962 que utiliza conceptos científicos avanzados. Es la primera de una serie de obras que abarca dos tetralogías (la primera centrada en la familia de Meg y la segunda en la de Calvin), pero en España no se publicó más que Una arruga en el tiempo. Parece que ahora se va a poner de moda, porque el año que viene estrenarán una película basada en ella.

El libro en sí es entretenido y se lee en un suspiro. Esa brevedad es quizás su mayor problema. Los personajes protagonistas no están bien definidos, sus reacciones no siempre se comprenden bien, las relaciones entre ellos resultan extrañas y la acción va demasiado rápida. En general creo que le pasa algo sorprendente en un mundo en el que el defecto más común es el contrario: le faltan páginas para contar lo que quiere contar.

A nivel de mensaje, contiene una cierta dosis de moralina y, quizás por la época en la que fue escrito, el final se hace algo ñoño. Aun así, resulta apropiado para introducir a preadolescentes en la ciencia ficción.

2. Aviso de muerte – Anne Capestan 2 (Sophie Hénaff, 2016)
Hace unos años, los mandos de la Policía de París tuvieron una brillante idea: reunir a todos los desechos del cuerpo en una sola brigada con el fin de que el resto de unidades mejoraran sus estadísticas. La nueva brigada, dirigida por la joven Anne Capestan, superó sus problemas internos, logró funcionar como un equipo y fue capaz de resolver dos viejos casos de asesinato que estaban pendientes. Como resultado, ahora están aún más apestados dentro del cuerpo.

Sin embargo, un nuevo caso les trae a la acción. Alguien ha asesinado de forma dramática a Serge Rufus, un antiguo comisario de Policía, que además es el ex suegro de Anne. Así, Anne Capestan se verá obligada a intentar mantener la moral de su equipo y a competir con unidades que tienen más medios al tiempo que ella misma afronta la relación con su ex marido.

Segunda entrega de la serie de Anne Capestan, que mezcla investigación policíaca y humor. Esta segunda entrega es más sólida que la primera a nivel de trama, tira menos de tópicos, desarrolla más los personajes (sobre todo a la protagonista) y reduce algo el nivel de humor. Aun así, hay escenas puntuales, como la del retrato robot hecho con el editor de personajes del WOW o la de la competición de planchado, que me han hecho soltar una carcajada.

Una novela muy recomendable, al igual que la primera parte. Conviene leerlas en orden porque, aunque la trama central de ambas sea independiente, en la segunda hay referencias que destripan la primera y además se asume que ya conoces a los personajes.

3. Alucinadas III (VV.AA., 2017)
Alucinadas es una iniciativa que busca editar, todos los años, un libro de relatos de ciencia ficción escrito exclusivamente por mujeres. Para ello celebran un concurso en el que la participación es siempre alta, y los resultados suelen ser notables. También incluye un relato invitado de alguna autora consagrada.

Este volumen es el tercero que se edita con esta premisa, y quizás el que más me ha gustado: al contrario que en muchas antologías (donde el nivel suele ser variable) en Alucinadas III no ha habido un relato que no me haya divertido, conmovido o hecho pensar.

Aquí una breve reseña de mis preferidos:
  • El grupo que lo controla todo (Sofía Rhei): una escritora de éxito es enviada a una extraña olimpiada lingüística de la que saldrá el idioma oficial. De este relato, escrito con considerable humor, cabe destacar que la mayoría de idiomas parecen tener efectos en la realidad: hay lenguas que fomentan la obediencia de la gente, otras que facilitan el aprendizaje de los bebés y otras que mejoran la memoria. También se deja ver en el relato que los planetas habitados aceptan una amplia gama de identidades y orientaciones: la protagonista, dentro de la norma de su planeta, tiene tres esposos-zángano.
  • La tierra que se marcha (Carmen Romero Lorenzo): cuando los extraterrestres contactaron con la Tierra, las costumbres no cambiaron inmediatamente. Así, ¿cómo reaccionará una familia española, católica, conservadora y de clase alta, al saber que una alienígena ha dejado embarazado a su hijo? Relato acerca del control de los padres sobre los hijos, que le da una vuelta de tuerca al tema del aborto.
  • Yo, cuqui (Laura López Alfranca): desenfrenada sátira del mundo laboral, en el que la protagonista es una cucaracha que trabaja en una empresa propiedad de un grupo de ratones. Por supuesto, se trata de una empresa moderna y amistosa hacia sus empleados, a los que paga cursillos de positividad, televisores para que se entretengan e incluso cuerpos nuevos cuando un cliente cabreado los aplasta. A cambio solo les exige entrega absoluta y que no tengan pensamientos anticorporativos. Por cierto, en la empresa trabajan gatos, ratas y perros: el ascenso significa, literalmente, un cuerpo mejor… hasta conseguir recuperar tu propio cuerpo humano.
  • Chapa (Chus Álvarez): en un Madrid cyberpunk, una agente de policía investiga el asesinato de una prostituta. Hay dos cosas que me han cautivado de este relato: el contexto geopolítico (un mundo no tan lejano en el tiempo, donde los postulados neoliberales han triunfado y el ISIS ha logrado establecer un califato estable) y la jerga que hablan los personajes, que aumenta la verosimilitud del relato.


En definitiva, Alucinadas III es una antología que merece mucho la pena.

4. El apagón (Connie Willis, 2010)
5. Cese de alerta (Connie Willis, 2010)
Polly, Eileen y Mike son historiadores en una época en la que el viaje en el tiempo es posible. Los tres han sido destinados a la Segunda Guerra Mundial: Polly debe analizar el Blitz en Londres, Eileen tiene que estudiar la evacuación de niños al campo y Mike ha de recibir en Dover a los evacuados de Dunkerque. Pero, por supuesto, algo sale mal y muy pronto empiezan a sospechar que están alterando los acontecimientos. Y en una época tan delicada como 1940, cualquier pequeño detalle puede hacer que Hitler gane la guerra.

Tercera novela de la serie de “Los historiadores de Oxford”, que fue publicada en dos partes por razones editoriales. Si la comparamos con sus dos libros precedentes, se parece más a El libro del día del juicio final que a Por no mencionar al perro, en el sentido de que es más un drama que una comedia. Los temas habituales de Willis (la esperanza, la importancia del trabajo constante y de las pequeñas cosas, una cierta religiosidad) están ahí, desarrollados con la maestría que la caracteriza. También se deja ver la afición de la autora por las novelas de detectives: no se ha podido resistir a sacar a Agatha Christie como personaje terciario.

Las novelas son largas pero no se hacen pesadas, y eso que la acción avanza despacio y a golpe de diálogo. Solo hacia la mitad de Cese de alerta decae un poco la tensión, pero se recupera con rapidez. Además, Willis es una maestra en lo de provocarle angustia a sus personajes… y al lector. Todos los intentos de Polly, Eileen y Mike por encontrarse entre sí y por regresar al año 2060 se ven frustrados por camareras despistadas, niños llorones, cuarentenas inoportunas, ensayos de teatro y malentendidos. Es decir, no por las cosas granes sino por las pequeñas, que jode más.

Por ejemplo: en un determinado punto, Polly quiere ir a su portal para volver al siglo XXI. Va a aprovechar una noche en la que sabe que no habrá bombardeo. Pero una vecina, muy preocupada por su bienestar, la agarra del brazo y la urge a que vayan juntas al refugio. Y claro, Polly no puede negarse. El lector puede sentir la tensión de la pobre Polly mientras pierde miserablemente el tiempo en un refugio. Y los incidentes se acumulan, uno tras otro, dejando ver la fuerza que tiene lo cotidiano si no puedes negarte a cumplir las convenciones sociales.

El apagón / Cese de alerta es, en definitiva, una obra muy recomendable. Eso sí, recomiendo leerla en el ebook: hay una cantidad importante de personajes secundarios y pasan muchas cosas, por lo que a veces es posible perder el hilo.

6. Lord John y el súcubo (Diana Gabaldon, 2003)
Lord John Grey ha sido destacado en Alemania para servir de enlace con un ejército prusiano en la guerra de los siete años. Su existencia es más o menos tranquila (salvo por el almidón de la ropa interior) hasta el momento en que se descubren dos cadáveres con señales de haber sido atacados por un súcubo. La moral de la tropa empieza a decaer y Lord John, fiel seguidor de la razón, debe investigar esas pretendidas apariciones sobrenaturales. Pero además tiene que lidiar con un problema personal: se ha enamorado de Stephan von Namtzen, un apuesto noble alemán, y eso podría costarle la cabeza.

Interesante novela corta que fue publicada en un volumen llamado Leyendas, editado por Robert Silverberg y que contiene relatos de los principales autores de fantasía del momento: Robin Hobb, George R.R. Martin, Neil Gaiman, Anne McCaffrey, etc. Pese al título español, en realidad es el segundo volumen de este tipo que editó Silverberg, por lo que el nombre original del tomo es Legends II.

Leí la novela en su momento, cuando compré Leyendas. Hablamos del año 2016 o 2017. Me dejó buen sabor de boca (me agradó que estuviera ambientada en el siglo XVIII, en vez de en una Edad Media real o imaginada) pero no busqué más de la autora. Hace unas semanas una amiga me recomendó la serie Outlander, que está basada en la saga literaria homónima de Diana Gabaldon (editada en español como “Forastera”), y decidí releer Lord John y el súcubo. Parece ser que pertenece a una serie spin-off de Forastera, que sigue las aventuras de Lord John, un noble reconvertido en detective que debe resolver casos de todo tipo.

En esta relectura Lord John y el súcubo me ha gustado mucho más. He apreciado mucho todo el tema de la homosexualidad. El deseo que siente Lord John hacia el noble alemán, y en general toda su orientación sexual, no es un simple tema de morbo; al contrario, se convierte en un elemento relevante en la trama. Además, no es el único aspecto que define al personaje: Lord John, aparte de homosexual, es un personaje racional, curioso, compasivo e inteligente; vamos, un caballero de su tiempo. Da gusto ver a un personaje homosexual tan profundo en una novela de género. Y digo “de género” sin concretar más porque, aunque Forastera es una serie de fantasía (se basa en un viaje en el tiempo producido por un círculo mágico), Lord John y el súcubo es básicamente una novela histórica.

La intriga en sí no es ninguna maravilla, pero es entretenida y está bien llevada, sin puntos oscuros o deducciones imposibles. Eso quiere decir que probablemente siga buscando obras de Diana Gabaldon.

7. 36 (Nieves Delgado, 2017)
Las IA han resultado ser una decepción. Cuesta muchísimo traerlas al mundo y, una vez que tienen cuerpo, no hacen nada de particular: no estudian, no progresan, escogen trabajos basura y ni siquiera se comunican entre sí. Pero la IA número 36 es diferente. Según nace sorprende a los técnicos con un “Buenos días” bastante insólito, y a partir de ahí no deja de hacer preguntas que incomodan incluso a sus creadores.

Esta novela corta es uno de los libros de bolsillo que está sacando al mercado la editorial Cerbero. La iniciativa –novelas de género cortas y baratas, escritas mayoritariamente por mujeres– es loable y está teniendo el éxito que se merece. Quizás en mi entorno el bolsilibro que está gustando más es 36 (el cual va ya por su segunda edición), y por eso decidí darle un tiento.

Me ha gustado, pero quizás menos de lo que esperaba. La novela plantea muchos temas, tanto tradicionales (qué nos hace humanos, cuán aplicable es la paradoja del barco de Teseo a los seres vivos) como nuevos (funcionamiento de las redes sociales a la hora de formar la opinión pública), pero no acaba de rematar. Todo lo trata de manera algo superficial. El defecto es disculpable en una novela corta, pero tiene influencia sobre el final, que es un poco “ni chicha ni limoná”. La verdad es que esperaba un giro final que rematara la historia, y el hecho de que no se produjera me decepcionó bastante.

Sin embargo, no deja de ser una novela de ciencia ficción la mar de entretenida, perfecta para un viaje en Metro un poco largo o para un par de horas que tengáis muertas.

8. Los espíritus del humo (Maria Concepción Regueiro Digón, 2017)
Luanda y Gadea son las dos hijas del poderoso mago Antuss. Consentidas y mimadas, nunca han conocido más que el lujo. Pero un día los técnicos, esos listillos que creen que pueden sustituir la magia por la ciencia y la experimentación, hacen caer a su padre. Luanda y Gadea se quedan huérfanas y no tienen otra opción que ir a buscarse la vida en la gran ciudad, entre el humo.

Otro de los bolsilibros de Cerbero, esta vez de fantasía. La verdad es que me ha logrado sorprender. Empieza con todos los tópicos del género, luego los tira por la borda con una revolución industrial y por último, cuando ya te has hecho a la idea de que vas a leer las peripecias de dos hermanas que se buscan la vida como pueden (casi una novela picaresca), la trama da un giro y se mete por un terreno muy poco explorado en la literatura fantástica. Y no digo más por no destripar.

Me han llamado la atención las dos protagonistas. Luanda y Gadea no son buenas personas: son caprichosas, pijas y aristocráticas, como se espera de ellas. Me ocurrió algo curioso: al principio no empatizaba nada con ninguna de las dos, luego me empezaron a caer un poco mejor y al final, cuando vi hacia dónde las llevaban sus malas decisiones, me dieron más pena que otra cosa. No está mal para 240 páginas.

En cuanto a la forma, está escrita en segunda persona: se trata de un narrador omnisciente (y condescendiente) que les va contando a Luanda y a Gadea su propia historia, por razones que solo quedan claras al final. Quizás lo que le falta a la novela para ser redonda es precisamente conocer la identidad de ese narrador. Aparte de eso, estamos ante una lectura muy recomendable, que trata temas normalmente ajenos a la fantasía y que avanza con un ritmo endiablado.

9. Fragmentos de la Tierra Rota (Elaine Vilar Madruga, 2013)
Recopilación de tres relatos y una novela corta ambientadas en diferentes partes de un mismo mundo. La Tierra Rota se llama así por algo: ha sido arrasada por la guerra nuclear y los supervivientes tratan de salir adelante entre tierras yermas, mutantes y violencia. En ese marco suceden las cuatro historias: una chica mutante que se enamora de un joven de casta superior, un hombre que recurre a los servicios de una bruja para no ir a la guerra, una chica que es elegida esposa de un misterioso dios invisible y un niño criado por un dragón.

Sí, he dicho “dragón”. Fragmentos de la Tierra Rota es una curiosísima mezcla de géneros. Hay elementos inequívocamente fantásticos, como hechizos de invisibilidad, maldiciones o los ya mentados dragones. Y hay elementos de ciencia ficción, como IAs de guerra, máquinas capaces de fecundar, radiación y medicina moderna. Parece como si un mundo de fantasía hubiera evolucionado hasta descubrir la energía nuclear y luego hubiera estallado en guerra. En la novela corta se menciona a antepasados que eran capaces de saltar entre dimensiones, y eso podría explicar la extraña mezcla, pero en realidad Vilar no intenta cohonestar elementos tan dispares: su mundo es así y punto. El resultado no es malo.

Hay unos cuantos temas que atraviesan los cuatro trabajos: la maternidad entendida como símbolo de estatus (en un mundo que está muriendo tiene lógica), la guerra como algo fundamentalmente irracional, la crianza, el recuerdo de la sabiduría antigua, etc. El volumen está, eso sí, impregnado de tecnofobia. Incluso en un mundo que muere hay clases, y son mucho mejores los pueblos que viven en contacto con la naturaleza que las ciudades que conservan la tecnología. Éstas continúan con la guerra que daña la tierra e incluso pueden hacerte perder el alma.

Las historias son entretenidas, aunque, como dice la reseña de La nave invisible donde conocí este libro, la técnica literaria no siempre acompaña. Sin duda la mejor y más conmovedora es la novela corta: el viaje del niño y el dragón muestra personajes fascinantes, como el hombre que se dedica tozudamente a desminar un campo para abrir camino a gente que ya no va a venir, o la mujer que es diosa de su ciudad solo mientras esté embarazada. Formalmente en todo el volumen se experimenta con mezclas de primera, segunda y tercera persona, y queda bastante bien. Señalar también que hay unas cuantas faltas de ortografía sangrantes, impropias de una edición decente.

En resumen, un libro interesante, conmovedor por momentos, aunque con un trasfondo ideológico que no acabo de compartir. Merece la pena echarle una ojeada.



Esto es lo que he leído en octubre. Nueve libros, algunos mejores y otros peores pero todos recomendables. Espero que vuestro mes haya sido igual de productivo.





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domingo, 29 de octubre de 2017

Profesiones jurídicas VIII - Los detectives privados

Los detectives privados son una profesión curiosa. Por un lado, el concepto de “detective” es algo que mola en sí mismo: la literatura y el cine se han encargado de ello. Por otro, tenemos la confusa noción de que estos profesionales se encargan sobre todo de descubrir asuntos de cuernos, un trabajo monótono y poco agradecido. La realidad, como siempre, está en un punto medio entre esos dos extremos. Así que, como ya se me han acabado las profesiones jurídicas más ortodoxas, vamos a hablar un poco de algunas de las más nuevas, y entre ellas está sin duda la del detective privado. Entiendo que es una profesión jurídica porque una de sus principales labores es producir informes que puedan tener relevancia judicial.

Dentro del ámbito de la seguridad privada hay dos grandes patas muy diferenciadas: las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives. Las primeras se encargan de proporcionar los servicios que su nombre indica: vigilar establecimientos, proteger personas, custodiar y trasladar bienes valiosos o peligrosos, etc. Los segundos se encargan de realizar labores de investigación (1): recogida de datos sobre hechos de la vida privada de las personas.

¿Y a qué nos referimos con “vida privada”? A todas aquellas conductas comprendidas tanto en la vida personal y familiar de la persona investigada como dentro de sus ámbitos laborales, mercantiles o financieros. Es decir, que hay una habilitación amplísima para indagar sobre todos los aspectos de la vida de un ser humano. Eso sí, esta tarea tiene dos límites bastante relevantes. En primer lugar, los detectives privados no pueden vulnerar la intimidad del investigado: no se le puede pinchar el teléfono o llenar su casa de cámaras, sino que solo se pueden recabar datos que tengan lugar en el espacio público. Y en segundo lugar, un detective privado no puede investigar delitos (2); al contrario, si detecta la comisión de algún hecho delictivo tiene que ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades.

Parece que esos dos límites encierran demasiado a la profesión. ¿Qué se puede hacer que no implique vulnerar derechos fundamentales ni investigar delitos? Muchas cosas. Para empezar, se pueden investigar hechos ilegales pero que no sean delictivos. Así, hablamos de bajas laborales falseadas, de caseros que echan a sus inquilinos con la excusa de que necesitan el piso y luego no lo ocupan o de trabajadores que realizan competencia desleal. Y también se puede indagar sobre toda una serie de conductas o situaciones lícitas pero que tienen influencia en la vida personal o familiar: adicciones de un pariente, problemas existentes en un barrio, solvencia de alguien a quien se quiere demandar, los ya mentados cuernos (3), desaparición voluntaria de personas, etc.

De cada servicio contratado se emite un informe. Ese informe puede servir como prueba en los procedimientos judiciales que se inicien como consecuencia de las investigaciones. Sin embargo, no tiene presunción de veracidad: en el caso de que la contraparte niegue que los hechos contenidos en el mismo son ciertos, el asunto se resolverá trayendo como testigo al detective que lo firma. Esto es algo que nunca pasaría, por ejemplo, con un documento notarial. Pero claro, los notarios son funcionarios públicos y los detectives no.

Aparte de eso, el informe puede ser útil en negociaciones entre particulares. El detective es en principio un profesional neutral, por lo que no tiene razones para mentir. Además, muchas veces documenta sus informes con fotografía o vídeo: verse sorprendido en una conducta ilegal o comprometida (yendo a donde dijo que no iba a ir, haciendo lo que dijo que no iba a hacer) puede facilitar que la persona investigada reconozca los hechos y que se llegue a un acuerdo.

Ya que hablamos de fotos y vídeos: ¿qué medios usan los detectives privados? En principio cualquiera que sea legal, es decir, que no vulnere la intimidad. Por ejemplo, en el caso de vídeos y fotos, se puede grabar a alguien que vaya por la calle o que esté en un lugar cerrado con autorización (por ejemplo, el propio local del cliente), pero no si entra en un domicilio particular. Aparte de eso, otros medios habituales son seguimientos a pie o en coche, vigilancias, muestra de fotos a posibles testigos, realización de preguntas, consultas de registros públicos, etc.

Sobre los resultados de sus investigaciones deben guardar un deber de reserva absoluto. Pueden informar a sus clientes de los datos obtenidos, pero solo en la medida en que tengan que ver con el encargo: si un detective es contratado para averiguar si Fulanito está de verdad de baja laboral, no puede informar a su cliente de que además ha descubierto que le es infiel a su esposa. Por supuesto, este deber de secreto cede si el asunto acaba judicializado o si recae una inspección por parte de la Policía. En principio, y al margen de lo que diga la legislación de protección de datos, los informes deben conservarse archivados durante al menos tres años, y pasado este tiempo deben destruirse todas las imágenes y sonidos grabados durante la investigación.

Para ser detective privado hay que superar un curso específico, impartido en universidades y academias pero que normalmente no tiene la consideración de grado: suele ser un título de experto universitario o una especialización de una carrera más genérica. Aparte de eso, necesitan pasar una revisión médica y no pueden tener antecedentes penales. Por supuesto, se trata de una profesión sometida a un registro rigurosísimo por parte del Ministerio del Interior. Existen también colegios profesionales, pero no es obligatorio incorporarse a los mismos.

Puede parecer que la profesión de detective privado ataca la privacidad de las personas. Aunque su actuación tenga como límite precisamente ese derecho fundamental, a nadie le gusta saber que le han hecho seguir por la calle o que han vigilado su puerta. Uno se siente violentado. Parece que esta labor atenta contra un cierto acuerdo tácito relativo al anonimato y a la tranquilidad mientras se anda por la calle: el derecho a la intimidad no se ve vulnerado (en la vía pública no existe ese derecho), pero aun así se considera que ponerle un detective a alguien es una guarrada (4).

Sin embargo, no hay que olvidar que seguir a alguien es en principio lícito: este oficio no es más que la profesionalización de algo que el cliente podría hacer por sí mismo si tuviera tiempo y medios. Y no todo el mundo tiene estos recursos, por lo que parece razonable que existan profesionales que realicen el trabajo.








(1) La ley les atribuye, de forma residual, funciones de vigilancia en ferias, hoteles, centros comerciales o ámbitos análogos. ¿Por qué les conceden esta tarea, que pertenece más al ámbito de la seguridad privada en sentido estricto que a la labor de un detective? Porque los vigilantes de seguridad van uniformados, y por razones de efectividad y de discreción, a veces es necesario que los encargados de la seguridad no sean reconocibles.

(2) Con una excepción: pueden investigar delitos que solo sean perseguibles a instancias de la víctima. Hay muy pocos delitos en esta categoría: homicidio por imprudencia leve, lesión leve, maltrato sin provocar lesión, lesión por imprudencia leve, reproducción asistida sin consentimiento de la mujer, amenazas y coacciones leves cuando no sean violencia doméstica ni de género, acoso, injurias, calumnias, abandono de familia, daños imprudentes por valor de más de 80.000 €, ciertos delitos contra el mercado y los consumidores y delitos societarios. Varios de estos delitos salen de esta categoría si la víctima es menor de edad.

(3) Técnicamente ponerle los cuernos a tu cónyuge es ilegal, porque atenta contra el deber de fidelidad que uno acepta cuando contrae matrimonio. Pero no hay ninguna consecuencia legal de dicho incumplimiento.

(4) Recordemos que existe el derecho a la propia imagen. Se supone que los detectives privados deben respetar este derecho, pero yo diría que grabar a alguien por la calle lo vulnera. Imagino que habrá alguna forma de casarlos, pero explica la sensación de derecho vulnerado.

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lunes, 23 de octubre de 2017

Las medidas de Rajoy

Ya lo tenemos aquí. El Gobierno ha aprobado el documento con las medidas que va a proponerle al Senado al amparo del artículo 155 de la Constitución. Dado que el PP cuenta con mayoría absoluta en esta cámara y que el PSOE y C’s están de acuerdo con el contenido de las propuestas, todo hace presagiar que será aprobado más pronto que tarde. Se ha suscitado un debate bastante enconado en torno al asunto, y yo voy a contribuir a él, porque tanto la motivación de las medidas como el contenido de las mismas incluyen cosas que me parecen como mínimo cuestionables.

El documento empieza ya con el Gobierno haciéndose trampas al solitario. La sección A de la motivación cita diversas sentencias del Tribunal Constitucional donde se caracteriza el artículo 155 como una “medida de último recurso” y un “mecanismo extraordinario de coerción” que sirve para defender el “interés de la nación” y el “interés general del Estado”. Ver estas citas sorprende: como el artículo 155 no se ha aplicado nunca hasta ahora (1), el Tribunal Constitucional no se ha podido pronunciar sobre él. Efectivamente, cuando uno lee las sentencias citadas se da cuenta de que la referencia a este precepto es tangencial; en todas se estaba tratando de otra cosa y se menciona el artículo 155 CE de pasada o como término de comparación. En estas circunstancias, nada de lo que haya dicho el Tribunal Constitucional parece demasiado relevante. Pero ahí están las citas, con el objetivo de revestir todo el asunto de autoridad.

Después de una breve cronología del proceso de independencia catalán, el Gobierno pasa a justificar la necesidad de las medidas. Se buscan cuatro objetivos:

1.- Restaurar la legalidad: el Gobierno constata que los independentistas han vulnerado la legalidad española y afirma que va a restaurarla.

2.- Asegurar la neutralidad institucional. El documento dice aquí algo bien curioso. Afirma que más allá de ideologías, el objetivo de todos los gobernantes debe ser el “interés general”. Algo con lo que se podría estar de acuerdo si no fuera por lo que afirma a continuación: que, al no ser la independencia “una demanda unánime” de los catalanes, no puede convertirse en un discurso único que se imponga sobre todo el mundo. Argumento al cual, por supuesto, se le puede dar la vuelta con facilidad si sustituimos “independentismo” por “unionismo”.

La concepción del interés general como algo enfrentado a las distintas ideologías (que es de lo que habla este segundo punto) tiene un tufo fascista muy feo. Porque claro, si las instituciones deben actuar “siempre y en todo caso” en favor de “todos” los ciudadanos y “no en respuesta a solo una parte”, ¿para qué queremos elecciones y parlamentos? Nos bastaría con un líder que interpretara esa voluntad general, ¿no? Todo el sistema democrático se basa en que una parte de la sociedad (quien obtiene mayoría) puede implementar sus ideas durante el tiempo que dure su mandato, siempre que respete una base mínima de derechos y procedimientos. Si negamos eso, mal vamos.

3.- Mantener el bienestar social y el crecimiento económico. Al llegar a este punto he soltado una carcajada. Un documento redactado por un Gobierno del PP (¡del PP!) acusa a sus oponentes de relegar “a un papel marginal las necesidades más básicas de los ciudadanos catalanes, convirtiendo en la prioridad los requisitos del proceso y no las necesidades de los servicios públicos”. A eso se llama ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga de hormigón armado en el propio. ¡Que hablamos de la misma gente que lleva años metiendo tijera en todos los sitios donde gobierna y que se ha fundido la hucha de las pensiones!

Aparte de eso, se hace un repaso de las consecuencias económicas del procés, desde el traslado de sedes sociales de empresas (que ya estamos viviendo) hasta la situación de una posible Cataluña independiente, que quedaría fuera de la UE y la OMC.

4.- Asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes. Ésta también es muy divertida, porque el partido de la Ley Mordaza y el trile en el nombramiento de los jueces critica que las instituciones ejerzan “un poder sin control y sin límite”, que al parecer es lo que ha hecho el Parlamento de Cataluña.


Los tres últimos objetivos, aparte de sus defectos propios, tienen un problema común: que sobran por completo. En sede del artículo 155, importan un bledo los temas de neutralidad institucional o de bienestar económico. Este precepto es una medida de excepción para devolver al redil a una Comunidad Autónoma que se está saltando la ley. Ése es el único objetivo que debe perseguirse en su aplicación: que se vuelva al marco constitucional con la mayor rapidez posible y sin quebrar demasiado la normalidad política. Lo demás es retórica.

Hay una última cosa que tengo que decir sobre la motivación del documento. En mi entrada sobre el artículo 155 sostuve que este precepto no permite suspender la autonomía de la región afectada. Es un consenso mayoritario entre los juristas, y el Gobierno lo conoce. Así, Rajoy declaró el sábado que “no se suspende el autogobierno, sino que se cesa a las personas que lo han puesto en peligro”. En el documento se dice lo mismo: que se busca “garantizar el funcionamiento del autogobierno” y “proteger la autonomía”.

En ese caso uno debe preguntarse qué entiende Mariano Rajoy por “suspensión de la autonomía”, porque a mi juicio sí la ha suspendido. Es difícil determinar con exactitud estas cosas: ¿dónde termina la coerción sobre la autonomía y dónde empieza su suspensión? Es importante, porque esa línea es la que separa los dos grandes modelos de respuesta del Estado ante un incumplimiento de la legalidad por parte de una región. Estos dos modelos son el de “coerción federal”, al que se adscribe España con el artículo 155, y el de “intervención federal”, que se da en países como Austria. El modelo de intervención permite al Estado suspender la autonomía de la región, mientras que el de coerción solo le faculta para impartir instrucciones a las instituciones regionales. ¿Dónde está, pues, el límite entre lo uno y lo otro?

Quizás el propio texto constitucional nos dé la respuesta. El artículo 155 permite que el Gobierno imparta instrucciones a la Comunidad Autónoma afectada. A mi parecer, aquí está el límite superior de las medidas permitidas: el Gobierno puede colocar bajo su mando a todo el esquema institucional de la región, pero no puede afectar o sustituir dicho esquema. En otras palabras: no es lo mismo darles órdenes a las autoridades de una Comunidad Autónoma que apartar a dichas autoridades y ponerte tú a gobernar el territorio. Lo primero está amparado por el artículo 155; lo segundo no, porque pertenece a un modelo distinto.

En teoría, el artículo 155 sirve para que la Comunidad Autónoma siga funcionando de manera normal salvo en aquellas materias sometidas a las instrucciones del Gobierno. No habilita para modificar la distribución de competencias prevista en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía ni mucho menos para destituir cargos o modificar la composición de órganos. Cualquier medida que vaya más allá de esos límites será de facto una suspensión de la autonomía, aunque se vista de otra cosa.

¿Y qué ha hecho Rajoy? La primera en la frente: destituye al Govern en pleno y le atribuye sus competencias a “los órganos o autoridades” que designe el Gobierno, y que con toda seguridad serán los ministros. O sea, que el Estado gobernará directamente Cataluña. Está por ver el diseño final, pero lo más probable es que cada ministro se encargue de gestionar las competencias de su ramo que están cedidas a la Comunidad Autónoma catalana. Por supuesto el Gobierno también se otorga el derecho de crear organismos, distribuir funciones y modificar el organigrama si hace falta. El propio Rajoy se ha atribuido la facultad de convocar elecciones al Parlament catalán, algo que parece que quiere hacer en breve.

El Parlament ve también recortadas sus competencias. Le prohíben elegir a un nuevo presidente de la Generalitat que sustituya al destituido Puigdemont. También le impiden controlar a los ministros que se encarguen del gobierno de la Comunidad Autónoma. No nos referimos solo a las mociones de censura (lo cual entra dentro de la lógica de la propuesta), sino a todos los medios de control previstos en el Reglamento del Parlamento catalán. No puede abrir comisiones de investigación, celebrar debates sobre la acción política del gobierno, dirigirle preguntas o interpelaciones, forzar la comparecencia del presidente o aprobar propuestas de resolución. Es decir, que su función de control queda completamente laminada. Le sustituirá un órgano designado por el Senado, que probablemente sea el Senado mismo.

Las medidas también afectan a la potestad legislativa. El Parlamento sigue pudiendo legislar, pero tiene que remitir todo lo que haga (incluso las enmiendas que presente un grupo parlamentario) al Gobierno, que decidirá qué se tramita y qué se archiva. Por supuesto, no hay ninguna mención a la necesidad de motivar la respuesta del Gobierno o a la posibilidad de impugnarla. En otras palabras: la capacidad legislativa del Parlamento de Cataluña queda sometida a autorización previa por parte del Gobierno de la nación, lo que convierte a esta cámara en un órgano subsidiario.

El documento no solo menciona al Govern y al Parlament, sino también a la Administración autonómica. Quizás la patada más grande al sistema competencial es que somete al régimen de autorización previa las decisiones burocráticas. También controvertida resulta la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sustituyan a los Mossos d’Esquadra “en el caso de que sea necesario”. Pero no me voy a detener mucho en esto porque sí que me parecen decisiones más aceptables dentro del marco del artículo 155: no es lo mismo la Administración que los responsables políticos.

Se ha criticado mucho la decisión de tomar el control de la radiotelevisión pública autonómica. En principio la finalidad es legítima (se habla de la transmisión de una “información veraz, objetiva y equilibrada”), pero es evidente que lo que se busca es el cese de la propaganda independentista. El problema es que esa propaganda es legal. Además, aquí también se habla de un control directo: el Gobierno no imparte instrucciones sino que ejerce las competencias de la Generalitat en esta materia. Y bueno, poner al PP a vigilar la neutralidad de una cadena de televisión es como poner a un señor del Opus Dei a controlar si el Estado es laico.

El documento contiene otra serie de medidas, que sí considero válidas desde la perspectiva del artículo 155. Pero las que he mencionado, especialmente las que afectan al Govern y al Parlament, son a mi juicio notoriamente inconstitucionales. Si el asunto acaba en el Tribunal Constitucional es muy probable que parte del acuerdo quede anulado, aunque tampoco se puede asegurar nada. Al fin y al cabo sus señorías se han mostrado muy complacientes con el Gobierno en todo este asunto. Si deciden que todas las medidas son acordes con la Constitución se habrán cargado la diferencia entre el sistema de coerción federal y el de intervención federal: lo que ha hecho Rajoy es indistinguible de una suspensión de la autonomía, puesto que se ha quedado el poder ejecutivo y ha reducido al legislativo al papel de comparsa.

Pero veremos incluso si este asunto acaba en el Tribunal Constitucional. Al fin y al cabo, entiendo que la aprobación de las medidas por parte del Senado y la destitución del Govern son dos eventos que sucederán con pocas horas de diferencia, tiempo insuficiente para plantear el recurso. Y una vez ejecutado el acuerdo, nadie puede impugnarlo. Para recurrir algo así hay que usar la vía del conflicto de competencias; quien debe iniciar el procedimiento es el gobierno de la Comunidad Autónoma afectada, y en este caso dicho gobierno habrá dejado de existir. Cuando se celebren elecciones y haya un nuevo Gobierno ya se habrán pasado los plazos. También es cierto que hay vías indirectas de impugnación (el recurso de amparo por vulneración del derecho a la participación política del artículo 23 CE, por ejemplo), pero son mucho menos seguras.

Así que es posible que el Tribunal Constitucional no tenga ni siquiera posibilidad de pronunciarse acerca del tema. Esto abre un precedente peligroso, porque permite al Gobierno aplicar el artículo 155 a todo lo que se mueva y manipular las cosas de tal manera que nunca sea posible que esa decisión se someta a control externo. Ah, y todo lo anterior queda agravado por el hecho de que las medidas pueden durar meses: su fecha teórica de finalización es el momento en que tome posesión un nuevo president de la Generalitat salido de elecciones. Y teniendo en cuenta que Rajoy tiene seis meses para convocar esas elecciones, igual Cataluña no recupera su autogobierno hasta mediados del año que viene.

En resumen: tenemos una serie de medidas de constitucionalidad más que dudosa que van a afectar el esquema institucional del Estado durante varios meses y sobre las que a lo mejor el Tribunal Constitucional no puede llegar a pronunciarse. Sin duda lo que nuestra democracia estaba necesitando.







(1) En 1989 se mandó el requerimiento previo a Canarias, porque estaba incumpliendo sus obligaciones fiscales. La comunidad volvió a la legalidad y no hizo falta llevarlo al Senado.

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